Los lamentables hechos en los que cinco agentes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), entre ellos una mujer, fueron asesinados y calcinados el lunes en el municipio de Frontera Comalapa, han encendido nuevamente las alarmas sobre la presencia de los grupos criminales en esa zona del estado, colindante con Guatemala.
La agresión parece un mensaje a las autoridades estatales y confirma que los grupos de la delincuencia organizada que desde hace varios años se asentaron en la región no han sido desmantelados, sino que están agazapados esperando el momento para atacar como lo hicieron el lunes.
Es probable que de haber ido en un convoy los uniformados, los delincuentes no se habrían atrevido a emboscarlos de la forma en que lo hicieron. Es extraño que sabiendo cómo está la situación sólo haya ido una unidad.
Pobladores de la zona habían advertido desde hace algunas semanas que en las comunidades de municipios de la Sierra y la frontera miembros de grupos criminales siguen operando y cobrando derecho de piso, por lo que es necesario reforzar las acciones de seguridad.
Si bien los bloqueos carreteros han desaparecido en general, las presiones en contra de habitantes y de quienes tienen algún negocio se han reactivado bajo amenazas de muerte, aunque de manera menos descarada en comparación como lo hacían antes de que iniciara la actual administración estatal.
El ataque es un reto y una afrenta al Gobierno Estatal y así fue interpretada por el gobierno, cuya respuesta fue contundente con la advertencia de que no dará ni un paso atrás en el tema de seguridad.
Algunas de las preguntas que han surgido después de la cobarde agresión es si se rompió algún acuerdo previamente establecido, si los criminales sólo se habían escondido esperando reorganizarse y atacar en el momento oportuno y si ya le tomaron la medida a las fuerzas de seguridad.
Hay que entender también que después de seis meses las fuerzas de seguridad han sufrido algún desgaste, sobre todo la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), el grupo emblema del combate a la inseguridad que al inicio impuso respeto y temor.
El problema es que también de Villaflores y otros municipios de la Frailesca han llegado versiones de que los grupos de la delincuencia siguen operando, ya no tanto en los pueblos sino en las comunidades y en los ranchos, a donde no llegan o no mantienen presencia permanente las fuerzas de seguridad.
La estrategia de seguridad que en lo inmediato ha dado buenos resultados, en general tendrá que ser evaluado por las instancias competentes después de seis meses para saber si debe de seguir igual o si es necesario modificarla en alguna medida.
A la mejor en algunos puntos en los que todavía operan con cierta libertad los grupos criminales, sea pertinente cambiar de estrategia o incrementar las acciones de inteligencia y vigilancia.
Por lo pronto, el ataque del lunes ha puesto a las autoridades en máxima alerta, ya que se trata del primero de ese tipo y magnitud en lo que va de la actual administración estatal.
Lo grave del caso, además de la muerte de los cinco uniformados, claro, es que se ha evidenciado que la paz todavía no es un hecho y que las autoridades de los tres niveles tienen que redoblar esfuerzos para hacerla una realidad en todo el estado.
Ojalá que los integrantes de las fuerzas de seguridad de los tres niveles no se desmoralicen después de ver cómo sus cinco compañeros fueron asesinados y calcinados junto con la patrulla que lo transportaba. Falta mucho por hacer todavía para controlar el problema.
Picotazos. De verdad que no había necesidad de que la Secretaría del Bienestar se metiera en las elecciones del Poder Judicial al hacer los famosos acordeones que fueron repartidos cuando menos en la Ciudad de México antes de las votaciones del 1 de junio. ¿Para qué manchar y dar elementos para desacreditar unos comicios de por sí cuestionados desde antes? Así no sólo no se cambian las viejas prácticas, sino que vamos como el cangrejo, para atrás. Quién sabe si fue planeado o no que el eventual próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por los dos años siguientes, Hugo Aguilar Ortiz, sacara el mayor número de votos o si de plano sus contrincantes minimizaron su capacidad de movilización, pero eso ha ayudado algo para evitar comentarios que desacrediten los comicios, ya que, aun siendo de Morena, ha tenido un papel menos relevante en tareas del gobierno, en comparación con las ministras que van a continuar en la Corte. La llegada de un indígena a la Presidencia del máximo tribunal de justicia del país, puede refrescarlo, por lo que es una buena noticia. Con todo lo que se dice, los nuevos ministros deberán demostrar con sus actos que son dignos al cargo para el que fueron elegidos, haciendo que se note el cambio. A la población le toca vigilar el desempeño de los próximos ministros. Se da por sentado que la mayoría de ministros está ligada a Morena y, por lo tanto, al gobierno, y que en teoría responderían a sus intereses, pero eso no garantiza que sigan la línea tal cual. Ya sucedió en la actual SCJN que algunos ministros que fueron propuestos en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se quedaron en el bando contrario. Los intereses que se manejan en el poder judicial deben de ser tentadores para muchos de sus integrantes. Y estaría bien que hubiera un equilibrio en la Corte para que no todo sea plano y de un solo lado, sobre todo después de todo lo que se vio en las elecciones que fueron manipuladas para que ganaran ciertos candidatos y candidatas. Fin.
