Podría decirse que hasta ahora ha salido barato el “error” de los policías de Chiapas que el domingo ingresaron ilegalmente a territorio guatemalteco persiguiendo a presuntos delincuentes.
Parece que las cosas quedarán ahí con la disculpa pública del Gobierno mexicano a su par del vecino país centroamericano, después de las declaraciones de uno y otro lado ocurridas entre el lunes y el martes.
El conflicto no pasará a mayores, en parte por la buena relación que existe entre los gobiernos de México y Guatemala, y posiblemente también a que del lado de este último se entendió, aunque no justificó, el ingreso de los uniformados a su territorio, ya que iban persiguiendo a presuntos criminales que poco antes los habían atacado y pretendían protegerse como finalmente lo hicieron.
También podría decirse que la policía chiapaneca se quedó con un “trofeo” -válgase la expresión-, porque entre los cuatro sujetos “abatidos” el domingo en el ejido Las Champas, ubicado a unos 300 metros de La Mesilla, se encuentra Baldemar Calderón Carrillo, uno de los presuntos líderes del autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala.
A este dirigente de nacionalidad guatemalteca como los otros tres “neutralizados” junto con él, se le atribuye la emboscada, asesinato y calcinación junto con la patrulla en la que se transportaban, de los cinco policías estatales ocurrida el 2 de junio, precisamente en Las Champas.
De tal suerte que si es cierta la versión oficial, los responsables de esos hechos fueron llevados a “juicio”, pero no jurídico, sino final porque ya no irán a la cárcel para que fueran castigados y pagaran por su crimen como habían prometido las autoridades.
Si bien es cierto que el caso provocó cierta tensión entre los dos países, el asunto pudo dirimirse relativamente fácil, bajo el acuerdo de la disculpa oficial que ofreció el martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al Gobierno de Guatemala, que encabeza Bernardo Arévalo.
Tampoco hay que olvidar que mucho ayudó para desviar la atención el hecho de que en presidente de Estados Unidos tiene los ojos del mundo puestos en Los Ángeles, California, con el envío de cientos de Guardias Nacionales y Marinos para llevar a cabo sus inhumanas y racistas redadas de migrantes.
Como es lógico, la Cancillería mexicana reiteró su compromiso con el respeto a la soberanía territorial y el derecho internacional, que por “unos metros” se vieron violentados el domingo.
Las autoridades de Guatemala reclamaron a México que la incursión policiaca puso en peligro la vida de civiles y no contribuye a las relaciones de buena vecindad entre Estados, además de que la acción se llevó a cabo fuera de los mecanismos de coordinación de seguridad entre los dos países.
Esto último, la coordinación, había quedado rebasada en ese momento porque los agentes de Chiapas iban tras los presuntos criminales, pero en lugar de detenerlos, los uniformados guatemaltecos se quedaron inmóviles; es decir, no salieron en auxilio de sus pares mexicanos.
Lo que es un hecho es que los lamentables sucesos del 8 de junio en la frontera han llamado poderosamente la atención y ha visibilizado a nivel internacional un problema de presencia de narcotraficantes, que ya se sabía, en esa zona fronteriza.
Por lo mismo, pueden servir en parte para que los dos gobiernos refuercen de alguna forma la seguridad en la zona y combatan a los grupos criminales que operan en ambos lados con cierta libertad, ya que, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno chapín exhortó a profundizar con urgencia la cooperación y acciones en materia de seguridad fronteriza, en el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (Ganseg) entre ambas naciones.
No se sabe qué tanto lo anterior se podrá hacer realidad y qué tanto se quedará en buenas intenciones, pero cuando menos un tiempo podrá haber mayor seguridad en el área.
De hecho, del lunes a la fecha se ha observado en un incremento en la presencia de integrantes de las fuerzas de seguridad federales y estatales en la frontera con Guatemala.
Se sabe que las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia sobre la carretera Panamericana en los últimos 25 kilómetros, aproximadamente, desde el ejido San Gregorio Chamic, México, hasta La Mesilla, Guatemala. Entre los uniformados que se han distribuido sobre la carretera, los que permanecen en extravíos estratégicos de 10 en 10 patrullas y los que se colocaron en Las Champas, en la línea fronteriza, suman alrededor de 500 agentes federales y estatales, según testimonios.
También del guatemalteco se incrementó la seguridad con lo que las autoridades llaman patrullajes combinados que llevan a cabo elementos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional Civil (PNC), aunque se sabe que el despliegue de uniformados y armamento en ese país centroamericano es mucho menor que el que se realiza del lado mexicano.
En tanto, la mayoría de negocios ubicados en La Mesilla y Las Champas que cerraron sus puertas el domingo por la tarde y todo el lunes, comenzaron a reabrir paulatinamente ayer, por lo que se notó un incremento en las actividades comerciales.
Cabe resaltar que la zona fronteriza había permanecido en relativa calma desde que el nuevo gobierno estatal asumió funciones el 8 de diciembre pasado, luego de que permanecer sumido en la violencia más de tres años por la disputa del territorio entre cárteles de la droga.
Sin embargo, el avispero se fue hurgado el pasado 2 de junio cuando fueron emboscados, asesinados y calcinados junto con la patrulla en la que se transportaban cinco policías de Chiapas en Las Champas, por lo que las fuerzas de seguridad federales y estatales desplegaron un amplio operativo para dar con los responsables, presuntos integrantes de grupos criminales.
En este contexto fue que el pasado domingo 8 de junio fueron atacadas las fuerzas de seguridad mexicanas en ese mismo ejido de Las Champas y al responder “abatieron” a cuatro presuntos sicarios, entre ellos Baldemar Calderón Carrillo. Fin
