Huachicol
¿Cómo no va a estar quebrado Pemex todo el tiempo si año tras año desde hace muchos años pierde millones de litros de combustible robado o no declarado por particulares con la complicidad de funcionarios públicos? ¿Cómo es que los directores o subalternos de esa empresa no se dan cuenta? Solo hay una explicación: De una u otra forma están coludidos y son parte del negocio.
Fue apenas en el sexenio pasado que se empezó a atacar con un poco de mayor interés este asunto y se puso de moda la palabra huachicol (combustible robado a Pemex), pero por lo que se está viendo ahora con los grandes aseguramientos que está haciendo el Gobierno Federal, fue muy poco lo que se avanzó o de plano el robo está en todos lados.
Lo extraño no es tanto que en la administración anterior no se haya acabado con el llamado huachicol, sino que los gobiernos priistas y panistas hayan dejado crecer tanto ese “negocio” que viene de años.
Por cierto, algunas personas le llaman huachicol a la simple reventa de gasolina -no la roban, la compran en gasolinerías- a la que se dedican algunas personas a la orilla de carreteras o en lugares en los que no se encuentra el combustible en establecimientos autorizados.
Ahora se sabe que el tamaño de ese monstruo del tráfico de combustible es mayor al que se suponía y se traga millones de pesos que deberían de entrar a Pemex, es decir, al Gobierno mexicano.
Hace unos días apenas, las autoridades federales dieron un golpe fuerte a una banda que venía operando en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, al decomisar 15 millones de litros de gasolina, diésel y destilados de petróleo, además del equipo de transporte que usaban los delincuentes: 129 carrotanques. Es el mayor golpe contra este delito en la presente administración.
En el tema del huachicol están involucrados no solo personas en lo individual o grupos de varias personas, sino de empresas, supuestamente legales que operan en el país.
Solo en los nueve meses que van del sexenio que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum han sido asegurados 70 millones de litros de combustible. El golpe más reciente, producto de más de seis meses de investigaciones, representa la quinta parte. Lo único que de verdad llama la atención es por qué no hay detenidos. ¿Se protege a alguien?.
Setenta millones de litros equivalen a muchos millones de pesos que significan grandes pérdidas para Pemex y, por lo tanto, para el Gobierno Federal. Ojalá que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y su equipo se apliquen todavía más para que los resultados sean mejores.
Hablando de este eficiente funcionario, el domingo pasado presentó con los demás integrantes del Gabinete de Seguridad la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyo propósito es combatir uno de los delitos de mayor crecimiento en México, con un enfoque integral que incluye acciones operativas, incrementar la denuncia ciudadana mediante la línea exclusiva 089, reformas legislativas y coordinación interinstitucional.
De acuerdo con la estrategia anunciada, se contará con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las 32 fiscalías estatales.
Prácticamente en todos los estados del país se reciben todos los días llamadas telefónicas, muchas veces desde los penales, tratando de extorsionar a la gente. Muchas personas caen en la trampa.
Tiene razón el funcionario al afirmar que “la extorsión es uno de los delitos que más daño causa a nuestra sociedad. No solo vulnera la seguridad de las personas, sino lastima su estabilidad económica y afecta su salud emocional”. De ahí la importancia de que en verdad se haga algo efectivo que impacte en beneficio de la sociedad.
Uno de los puntos de la estrategia contempla, según dijo, “reforzar operativos en centros penitenciarios donde operan call centers para extorsionar”.
Su compañero de Gabinete, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, manifestó que tienen “muy bien ubicadas” las cárceles en las que operan los llamados call centers de extorsión y el modo de operar de quienes cobran derecho de piso en negocios y carreteras.
Una forma efectiva de desactivar esos mecanismos es exigir a las empresas de telefonía que suspendan o bloqueen la señal en los penales y sus alrededores como en 2019 lo hizo en El Salvador el presidente Nayib Bukele. Hubo resistencia de las empresas telefónicas, pero se logró. ¿Por qué en México no se puede hacer? Ya se sabe que se tocarían muchos intereses, pero si no se hace, los criminales seguirán operando -más o menos- y extorsionando desde las cárceles del país.
A propósito de las nuevas disposiciones legales para combatir la inseguridad en el país, a algunos opositores al gobierno les ha dado por llamarle “ley Harfuch”, lo que tiene un claro intento de descalificarlo porque el secretario de Seguridad se perfila como uno de los posibles candidatos presidenciales de Morena en 2030. Falta mucho, pero el hombre va ganando puntos, ya que está dando resultados en el área de su competencia.
Picotazos. El lunes falleció en San Cristóbal de Las Casas, el maestro jubilado, Javier Valdiviezo Sánchez, conocido entre los aficionados de radio de banda civil como “dóberman”. En la década de 1980 y 1990, formó parte del grupo llamado Chiltak, una asociación civil que apoyaba y asesoraba a personas u organizaciones indígenas, entre ellas algunas que eran bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como se supo después del alzamiento armado de 1994. Javier jugó en Chiltak un papel muy importante. Descanse en paz. Vaya desde este espacio un abrazo fraterno a su esposa, hijos y demás familiares. Fin
