México y El Salvador viven momentos históricos con reformas a sus respectivos sistemas políticos y electorales, cuyos resultados, para bien o para mal, habrán de verse en los años próximos.
Claudia Sheinbaum anunció el fin de semana la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que dirigirá Pablo Gómez, quien dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El objetivo principal de esta instancia, se informó, será revisar a fondo el sistema electoral y de partidos en el país, además de diseñar una reforma legislativa acorde con los tiempos actuales, centrada en la democracia y en la participación del pueblo.
La comisión realizará primero un diagnóstico integral sobre el estado que guarda el modelo electoral mexicano, incluyendo el funcionamiento de los partidos políticos, la representación popular y los mecanismos de participación ciudadana. Posteriormente, elaborará una propuesta de reforma legislativa que esté acorde con los tiempos actuales en México, en la que se pongan en el centro la democracia y el pueblo.
También analizará nuevas figuras de representación y herramientas para ampliar la intervención directa de los mexicanos en la vida pública, tema en el que probablemente se incluyan las diputaciones y senadurías plurinominales y las candidaturas independientes.
Gómez es un experimentado político de izquierda; fue líder del movimiento estudiantil de 1968 y ha tenido una larga carrera parlamentaria y de dirigente.
Podría parecer de bote pronto que estos pasos que está dando el gobierno de la presidenta Sheinbaum son nuevos y ajenos al proceso iniciado en el sexenio anterior, pero no, ya que fueron ideados y sus bases sentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Primero fue ganar la presidencia de la República y luego la mayoría en las cámaras baja y alta, además del mayor número de gubernaturas, entre otros espacios públicos.
Fue así como se cambió la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se terminará de renovar en su totalidad el primero de septiembre próximo, además de que algunos entes llamados autónomos fueron desaparecidos, entre otros cambios relevantes.
Sin embargo, falta entrar de lleno al tema electoral para tener mayor control y para ello se necesita una reforma a fondo, cuyos trabajos empezarán con la comisión recién creada, pues a López Obrador ya no le dio tiempo de avanzar, sobre todo porque no tenía mayoría en el Poder Legislativo.
La oposición va a poner el grito en el cielo y dirá que será un clavo más -o el último- al ataúd de la democracia mexicana. Será en todo caso de su democracia y de sus reglas.
Independiente de cómo quede al final la reforma -lo ideal sería que haya debate y se saque por consenso-, está claro que beneficiará al partido en el poder como sucede generalmente en casi todos los países.
Nada se destruirá. Lo que ocurre es que hay un cambio de régimen. El anterior ya murió. Ese sí. Y cada régimen pone las reglas con las que los demás deben de jugar.
López Obrador se cansó de decir cuando era presidente que ya cambió el régimen, pero para la oposición, que de plano no encuentra el rumbo, ya que fue borrada por el obradorismo, eso es casi una dictadura.
Inteligente, al expresidente no le ganó la ambición de poder y no intentó buscar la reelección -apoyado en Madero dijo desde el principio que solo estaría seis años, pero la oposición no le creía-, porque, por principio de cuentas, en México no hay condiciones para que un presidente se quede dos sexenios.
El tabasqueño fue muy hábil: Creó su partido Morena para llevar a cabo su proyecto de gobierno y preparar cuadros para la continuidad, como sucede con Sheinbaum. Definió su período como la cuarta transformación y el sexenio de Claudia ha sido presentado como el segundo piso de la cuarta transformación. Todo por la vía de Morena. Todo listo para consolidar la llamada 4T.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su parte, optó por la reelección el año pasado, a pesar de ser inconstitucional, y lo más escandaloso sucedió también el pasado fin de semana cuando usó el Poder Legislativo bajo el control de su partido Nuevas Ideas para cambiar la Constitución y aprobar la reelección indefinida, con miras a quedarse muchos años en el poder, como lo hizo el dictador Maximiliano Hernández Martínez, de 1931 a 1944. Su popularidad se basó como ahora, en el combate a la inseguridad.
Las reformas constitucionales le han acarreado muchas críticas internacionales, principalmente, pero al mandatario se le resbalan. Él, que se llena la boca diciendo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un dictador, ha asegurado que le tiene sin cuidado que le digan ídem.
Como dijo el historiador salvadoreño Héctor Lindo a propósito de su primera reelección, Bukele no necesita seguir como presidente para llevar a cabo su programa de gobierno, pues para eso tiene Nuevas Ideas, su partido que ha acaparado casi todos los espacios de elección popular (alcaldías y diputaciones) y tiene una amplia popularidad.
Sus reformas del fin de semana ocurren en momentos en que parece haber sufrido cierto debilitamiento a causa de las críticas internas y externas. En lo doméstico, principalmente a partir de que reactivó la minería en diciembre pasado -hasta a la Iglesia católica se echó de enemiga- y más recientemente haber ofrecido a cambio de muchos dólares su mega cárcel para que Estados Unidos lleve a reos peligrosos, incluido un grupo de venezolanos que en días recientes intercambió por rehenes gringos detenidos por el régimen de Maduro.
Bukele tenía bien armado su plan, pues antes de realizar las reformas que lo encaminen a la dictadura, se ganó la confianza (por interés mutuo) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, lo que le garantiza un manto de impunidad para que haga lo que quiera, lo que no ocurre con Venezuela, Cuba y Nicaragua, por ejemplo. Fin
