La detención del activista Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana es un mensaje claro del Gobierno Federal de que no va a permitir más caravanas de migrantes que tanto ruido mediático causan dentro y fuera del país.
En estos momentos de alta tensión con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el tema de los aranceles, la seguridad y la migración no conviene que se generen percepciones de debilidad en el combate al tráfico de migrantes de diferentes países.
Sin duda, es notoria la reducción de los flujos de indocumentados en el sur de México desde que el mandatario del vecino país del norte asumió la presidencia en enero de este año, no sólo por la política de contención oficial, sino porque los extranjeros saben que cada vez está más difícil cruzar el río Bravo.
Es real también que el tráfico de personas guiadas por los llamados polleros hacia Estados Unidos no ha cesado, aunque posiblemente haya disminuido un poco. Eso sí, ha subido considerablemente el costo.
Por ejemplo, un chiapaneco pagó hace varios meses -ya en la era Trump-, 250 mil pesos porque lo cruzaran a suelo estadounidense. Y sí, los polleros lo dejaron junto con varias personas más del otro lado sin problemas.
Es decir, el jugoso negocio del tráfico de indocumentados no se ha frenado, sólo se ha encarecido y sigue dejando grandes ganancias a los grupos de la delincuencia organizada no sólo de México y Estados Unidos, sino de otras naciones del área.
Pero las autoridades mexicanas no van a permitir tan fácil que se reactiven las caravanas que parten de Tapachula hacia el centro o el norte del país y sigan metiendo ruido mediático.
En este contexto, el arresto de García Villagrán es un regalo para el gobierno de Estados Unidos que habrá de tomar en cuenta los “méritos” de las autoridades mexicanas a la hora de decidir la imposición de aranceles o negociar el Tratado de Libre Comercio, entre otros temas.
Por lo demás, no es la primera vez que Luis Rey es detenido por el gobierno mexicano, siempre acusado de delitos relacionados con el tema de migrantes: delincuencia organizada, tráfico y trata de personas.
Independientemente de si el activista enfrente alguna acusación real de posibles víctimas, lo cierto es que es inocultable la tremenda corrupción que sigue imperando en el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
No pocos funcionarios y empleados de esas dependencias han hecho mucho dinero a costa de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o tener un documento para permanecer legalmente en México.
Es posible que el arresto de García Villagrán impacte en la moral de los migrantes que se encuentran en Tapachula y que podrían tener intenciones de unirse u organizar caravanas hacia el centro del país.
Ayer se vio que el grupo que salió de Tapachula por la autopista costera fue mucho menor de lo que se esperaba antes del arresto de Luis Rey, quien ya había denunciado amenazas de integrantes de presuntos grupos del crimen organizado para que desistiera de su intención de organizar la caravana.
Su detención se realizó mediante un aparatoso operativo con agentes federales como si fuera un gran criminal y de día, pues de lo que se trataba también era de que fuera vista por muchos para intimidar.
Una de las preguntas es si su encarcelamiento va a resolver en algo el problema de la migración en la frontera sur. Finalmente, los extranjeros llegan a Tapachula por sus propios medios desde sus países de origen en América Central y del sur, así como del caribe, entre otros.
Ya en la llamada perla del Soconusco se quedan varados miles de ellos en espera de las autoridades mexicanas les resuelvan sus solicitudes de documentos migratorios, lo que puede tardar meses o años, si no dan dinero.
No cabe duda de que su detención tiene fines políticos, por lo que con una buena defensa podría salir de la cárcel más adelante como ha sucedido en ocasiones anteriores. Por lo pronto, el principal organizador de las caravanas, junto con Irineo Mújica, de Pueblos Sin Frontera, será puesto tras las rejas.
Picotazos. A la alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel le falló no haber comunicado públicamente que se ausentaría más de una semana, lo que dio pie a rumores diversos. Se especuló con que probablemente viajó a Europa con su familia, pero nunca se supo oficialmente si fue cierto o no. Nada le costaba, se supone, informar que tomaría unos días de vacaciones, pero todo se hizo casi en secreto y cuando se hace así se generan especulaciones. Cuando se trata de un funcionario público, y más de la primera autoridad de un municipio tan importante como San Cristóbal, debe de comunicarse a la población y al cabildo. La alcaldesa morenista ha ido de resbalón en resbalón en las semanas recientes. No sale de una cuando ya entró en otra. Lo grave en este caso es que el municipio se quedó varios días -no se sabe bien cuántos- sin su primera autoridad… Que no se preste a confusión: El hecho de que en Frontera Comalapa no haya denuncias ante las autoridades competentes, no significa que no haya levantones como lo han denunciado pobladores. Es lógico que después de más de tres años de terror que sufrió esa pobre gente, nadie quiere arriesgarse a que le pase algo, sobre todo después de que con la llegada del nuevo gobierno el 8 de diciembre pasado hubo varios meses de relativa tranquilidad, ahora rota por las venganzas en marcha en contra de algunos habitantes. Lo importante aquí es que las autoridades retomen el control en ese municipio y se proteja a la población en general; que los uniformados no anden extorsionando a los automovilistas con cualquier pretexto. La gente de esa zona ya sufrió horrores. Déjenla descansar de tanto sufrimiento. Fin
