Otra vez Comalapa
Los hechos de violencia ocurridos recientemente en Frontera Comalapa han reavivado la preocupación y la angustia de los habitantes de ese municipio que durante varios meses estuvo en relativa calma, luego de que las fuerzas de seguridad federales y estatales aparentemente retomaron el control a finales del año pasado.
Ya los pobladores habían denunciado hace unas semanas que varias personas habían sido levantadas por sujetos pertenecientes a presuntos grupos del crimen organizado, lo que había generado alarma entre los lugareños, pero nadie se atreve a denunciar.
La gota que derramó el vaso fue el asesinato del presidente del comisariado ejidal de El Sabinalito, Rudy Aguilar Lucas y de su hermano Manolo Aguilar Lucas, hermanos del exalcalde priista, Antonio Aguilar Lucas, de cuya presunta muerte a causa de un supuesto infarto dieron cuenta algunas publicaciones el domingo, aunque según otras versiones no era cierto.
De acuerdo con pobladores de Frontera Comalapa, los hechos ocurrieron la noche del jueves, horas después de que Rudy había presidido una asamblea ejidal para tratar, entre otros, el tema de seguridad en el área.
Los hechos causaron zozobra e incertidumbre entre los habitantes del municipio que apenas estaban comenzando a medio normalizar su vida -cuando menos ya no ha habido bloqueos carreteros-, tras el cambio de estrategia de seguridad implementado por el actual gobierno estatal.
Dos días antes del asesinato de los hermanos Aguilar Lucas había sido levantado en Paso Hondo, cerca de la frontera de Ciudad Cuauhtémoc y de El Sabinalito, un joven mecánico que incluso arreglaba patrullas de la policía, sin que se sepa algo sobre su paradero.
Habitantes afirmaron que cerca de El Sabinalito y de Paso Hondo se encuentra un puesto de control con elementos de fuerzas de seguridad federales y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), lo que no impidió que los sujetos cometieran los crímenes mencionados la semana pasada.
Desde el 8 de junio, cuando fuerzas de seguridad estatales y federales abatieron a cuatro presuntos delincuentes cerca de La Mesilla, no habían ocurrido hechos de violencia tan graves en esa zona.
De hecho, pareciera que de alguna manera, lo que está sucediendo ahora es parte de la reacción y la venganza del grupo afectado hace dos meses, cuando, por cierto, la policía estatal ingresó unos metros a territorio guatemalteco, lo que ocasionó un conflicto diplomático que no pasó a mayores.
De esa fecha para acá han venido sucediendo acontecimientos que están desestabilizando de nueva la zona, sobre todo Frontera Comalapa, por lo que las fuerzas de seguridad estatales y federales deberán de redoblar la vigilancia y reforzar su presencia para evitar que otra vez se salga de control el área.
Para que tengan autoridad moral y la población los respete, es necesario que los uniformados se conduzcan con honestidad y responsabilidad, ya que existen denuncias públicas de que en ocasiones se dedican a extorsionar a los automovilistas de manera injustificada.
Esa parte la puede controlar la autoridad estatal poniendo reglas estrictas, pero lo que no puede controlar es la presencia de los grupos criminales que operan del otro lado de la frontera y que ingresan a territorio mexicano a cometer sus crímenes.
En ese caso tiene que ser el gobierno de Guatemala el que ponga orden en coordinación con las autoridades mexicanas, unas de un lado y las otras del otro.
Toda la gente de la frontera y la sierra guarda en la memoria toda la situación de violencia que padeció durante tres años y medio (desde mediados de 2021), cuando integrantes de dos cárteles de la droga se disputaban el territorio.
Nadie quiere y a nadie le conviene que se reviva esa pesadilla que sufrieron miles de pobladores, muchos de los cuales tuvieron que desplazarse, otros fueron asesinados, heridos o desaparecidos, sin contar todos los daños económicos.
Ojalá, pues, que las autoridades no permitan que regrese ese sufrimiento; que de verdad se apliquen y retomen el control total de la zona para que esa pobre gente viva en paz y tranquilidad.
En otro tema, daba la impresión de que después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una de sus conferencias mañaneras que Luis García Villagrán no es activista y que estaba acusado de trata y tráfico de personas, el defensor de migrantes no sería liberado.
Sin embargo, el juez Jonathan Izquierdo, quien llevaba la causa penal 54/2025, decidió ayer ponerlo en libertad, por lo que dejó el penal ubicado en Tapachula, donde permaneció desde el pasado 5 de agosto
Quién sabe si detrás de la resolución hubo una decisión política o si el juez no encontró las pruebas necesarias para vincularlo a proceso, pero el caso es que ordenó la liberación del coordinador del Centro de Dignificación Humana.
Sus abogados José Antonio Martínez Sánchez y Roberto Manuel de Jesús Carrera García aseguraron que le demostraron al juez que García Villagrán era beneficiario del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación por su labor como defensor de derechos humanos migrantes.
Los litigantes expresaron que el juez valoró la declaración del imputado y las pruebas presentadas, por lo que decidió no vincularlo a proceso y ordenar su libertad, aunque la Fiscalía General de la República podría impugnar la decisión de Izquierdo y continuar con la investigación. Desde luego que también existe la posibilidad de que la propia FGR se haya desistido y que no se haya revelado.
Muchas organizaciones defensoras de derechos humanos habían exigido su excarcelación, por considerar que su detención era injusta. Por lo pronto, ha quedado en libertad.
Queda la duda de si su captura fue solo un mensaje para acalambrarlo como se dice coloquialmente, para mandarle a él y otros activistas un mensaje de que se permitirán la organización de más caravanas de migrantes desde Tapachula. Fin
