El municipio de Frontera Comalapa se encuentra inmerso en la polémica de si se ha reactivado la violencia y si existe desplazamiento forzado de pobladores hacia Guatemala como sucedió en el gobierno anterior.
Las noticias relacionadas con ese tema han estado presentes en los días y semanas recientes, no sólo en el ámbito estatal, generándose incluso un ambiente de cierta confusión porque las autoridades rechazan que haya desplazados y en Guatemala se difunde información que confirma los hechos.
Pareciera que entre las autoridades estatales y las de Guatemala hubiera una especie de confrontación pública por el tema.
Desde hace varios días el gobierno chiapaneco ha rechazado categóricamente que habitantes de Frontera Comalapa hayan cruzado la frontera hacia el vecino país de manera forzada a causa de la violencia.
El propio gobernador aseguró ayer que se trata de personas del ejido El Sabinalito que huyeron porque algunos de sus familiares han sido detenidos por su presunta relación con uno de los grupos de la delincuencia organizada que siguen con la disputa del territorio, aunque no abiertamente.
Ayer mismo, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, secundaron en conferencia de prensa la postura del mandatario en el sentido de que es falso que chiapanecos se hayan desplazado forzadamente, lo que indica la prioridad que le están dando al tema.
Mientras eso pasa de este lado de la frontera, el Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que 161 personas (39 familias) recibieron un documento para que por razones humanitarias permanezcan en suelo chapín.
Habrá que esperar para saber qué sucede en los próximos días, luego de las declaraciones de las autoridades chiapanecas de que esas personas son parientes de presuntos delincuentes que están siendo procesados.
Da la impresión de que existen divergencia de criterios acerca de cómo se califica a esos 161 chiapanecos de varias comunidades que ahora se encuentran en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con Chiapas.
Las autoridades estatales han afirmado implícitamente que los habitantes de Frontera Comalapa que huyeron hacia el vecino país son presuntos delincuentes o cuando menos tienen familiares que lo son, pero del grupo que ha ido tomando el control de la zona.
Aunque pareciera lejano no sólo en el tiempo, da la impresión de que la diferencia de posturas es polvo de aquellos lodos del 8 de junio pasado, cuando policías estatales ingresaron varios metros a territorio guatemalteco a través de La Mesilla, lo que provocó un fugaz conflicto diplomático entre México y Guatemala que fue zanjado sin mayores consecuencias aparentes.
Sin embargo, en la parte oficial y en la delictiva, quedaron de alguna manera ocultas heridas que no sólo no han sanado, sino que, al parecer, se han reabierto como se demuestra con la reactivación de la delincuencia que ha regresado a Frontera Comalapa, aunque es cierto que no con la misma dimensión de la anterior administración.
Lo cierto es que en territorio guatemalteco se encuentran refugiadas 39 familias chiapanecas que no tan fácil podrán retornar en lo inmediato, después de cómo han sido calificadas por las autoridades de Chiapas.
Mientras sigue la polémica de si son o no desplazados por la violencia, lo que importa es que las fuerzas de seguridad federales y estatales no descuiden las tareas de seguridad en Frontera Comalapa porque si desde Guatemala opera uno de los grupos, podría continuar la violencia.
Además, debe de haber una política de seguridad coordinada entre autoridades mexicanas y guatemaltecas para enfrentar el problema de manera común.
Picotazos. Desde que Hacienda del Estado, hoy Secretaría de Finanzas, tomó el control de la Unidad Administrativa de San Cristóbal de Las Casas, el edificio no cuenta con el mismo mantenimiento y las plazas cuyos titulares se han jubilado no han sido repuestas. Los baños están totalmente abandonados cuando deberían de estar funcionando porque a ese lugar acuden decenas o hasta cientos de usuarios de la delegación de la propia Secretaría, de las dos oficinas del Registro Civil, de Tránsito del Estado, del Registro Público de la Propiedad, de las delegaciones estatal y federal de la Secretaría de Educación, de Catastro y de la Secretaría de Gobierno, entre otras. Muchos de los usuarios requieren de baños para hacer sus necesidades, más cuando en algunos casos tardan hasta varias horas para realizar algún trámite, como en el caso de la obtención de las licencias de conducir o del pago y luego recogida de las placas de circulación vehicular. Es una contradicción que la dependencia responsable de recolectar millones de pesos de impuestos por diferentes servicios no quiera destinar un poquito de esos recursos para ofrecer el indispensable servicio de baños. Ojalá que en este nuevo gobierno que dice ser humanista, de verdad se note la diferencia. Mientras, habrá que seguir esperando sentados... Salvo en las primeras cuadras del centro de San Cristóbal de Las Casas donde están ahora instalados de manera subterránea, en el resto de calles de la ciudad, se observan grandes manojos de cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México (Telmex), Megacable y quién sabe de cuántas empresas más, lo que no sólo es un peligro para la seguridad personal y de las viviendas, sino que genera la sensación de un verdadero desorden, siendo que la ciudad está incluida entre los llamados pueblos mágicos. En no pocos casos, los cables pasan cerca de las ventanas y balcones de la planta alta de las viviendas y en los postes se encuentran muchos metros de cable enrollados. Las autoridades deben de poner atención en ese problema. Fin
