El problema del huachicol es más grave de lo que parece, por lo que se necesita un mayor compromiso del gobierno federal para combatirlo a fondo, o de lo contrario se seguirá sangrando a Petróleos Mexicanos (Pemex), y al país.
Daba la impresión de que en el sexenio pasado se había avanzado bastante, pero todo parece indicar que no fue tanto, tal vez porque en el asunto están involucrados funcionarios de alto nivel, además de que el problema se arrastra desde hace muchos años.
No es poca cosa que en la operación más reciente las autoridades hayan capturado a un vicealmirante de la Secretaría de Marina, identificado como Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de esa dependencia en el gobierno federal anterior, Rafael Ojeda Durán.
Junto con él fueron detenidos directivos de empresas y funcionarios, entre ellos Francisco Antonio Martínez, exdirector de Administración de la Aduana de Tampico, quien fue suspendido de sus funciones en mayo pasado.
Este es el golpe más fuerte en cuanto a captura de altos mandos de una institución vinculados con el huachicol y sucede justo cuando aumentan las presiones del gobierno de Estados Unidos en contra de las autoridades mexicanas, por el tema de seguridad, en el cual se enmarca el tráfico de combustible.
De acuerdo con la información oficial, las operaciones del grupo vinculado con el vicealmirante fueron descubiertas en marzo pasado, cuando se detectó el buque tanque Challenge Procyon con 10 millones de litros de combustible ilegal que era descargada en esa aduana, que se ingresaron a México como aditivos y no como hidrocarburos, para evitar el pago de impuestos.
También se ha informado que la Marina ha presentado al menos cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de almirantes y otros mandos de la administración pasada por la presunta comisión de los delitos de cohecho e irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Lo primero que se especula cuando se dice que el vicealmirante es sobrino político de Ojeda Durán, es que gozaba de cierta protección política para operar, pero el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se apresuró a afirmar que desde hace dos años el secretario de Marina -quien dejó el cargo hace casi un año- había pedido que se investigara el caso. ¿Por qué las indagatorias llevaron tanto tiempo?, es la pregunta que surge a bote pronto.
El caso es que el gobierno federal ha dado un buen golpe a una parte de los operadores del huachicol en México, cuyo combate más en serio comenzó a partir del sexenio. Podría decirse de algún modo que lo que ahora sucede es en parte resultado de lo que se hizo en la anterior administración.
Lo más grave es que si la FGR ha presentado denuncias en contra de otros almirantes y mandos de la administración pasada por la presunta comisión de los delitos de cohecho e irregularidades en el manejo de recursos públicos, significa que miembros de la dependencia que se creía de las más difícil de corromper han sucumbido ante el peor cáncer de México.
El tema tiene cuando menos dos lecturas: la de la oposición de que en el gobierno morenista existe corrupción como en las administraciones del PRI y del PAN, y la otra, la del oficialismo, que este gobierno sí combate las conductas fuera de la ley.
Es necesario que una vez que ya iniciaron en serio las investigaciones y acciones para combatir el huachicol, las autoridades no se detengan y desarticulen y detengan a los integrantes de todas las bandas existentes, empezando por quienes ocupan cargos en alguna dependencia del gobierno. En el fondo, el gobierno y Morena están sufriendo un desgaste con estos casos de corrupción y en su momento se los cobrará la oposición.
Picotazos. Todo un misterio ha resultado la desaparición, secuestro, retención o lo que haya sido, del exdirector de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Wenceslao Urbina, y dos personas más, ocurrido en la ciudad coleta el viernes de la semana pasada. Poco después de que la Fiscalía General del Estado informara que había iniciado la carpeta de investigación correspondiente por la denuncia de desaparición de las tres personas y que había implementado un operativo interinstitucional de búsqueda, dio a conocer que habían sido localizados y presentados para que declararan ante un agente del Ministerio Público. La dependencia se limitó a informar que “implementó las acciones de investigación conforme al Protocolo de Actuación correspondiente a personas no localizadas, derivado de una denuncia interpuesta”. No se supo más oficialmente de este caso. Trascendió que las tres personas permanecían en una comunidad de Teopisca, pero la información no fue confirmada por las autoridades competentes. Algunas personas han especulado con que el asunto podría tener relación con los resultados de las elecciones extraordinarias realizadas el 31 de agosto en Pantelhó, ya que las tres víctimas son originarias de ese lugar. A ver si más adelante surgen más datos de este misterioso caso… Hablando de Pantelhó, todas las elecciones deberían de llevarse a cabo en completa paz y tranquilidad como sucedió en ese lugar el 31 de agosto y como pasó en Oxchuc el 26 de febrero. El único problema es que no hay tantos policías y militares para que cuiden por cientos la seguridad en los 123 municipios el mismo día… Si para cuando estas líneas se hagan públicas no ha renunciado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Horacio Culebro Borrayas, quienes toman las decisiones en el gobierno chiapaneco tendrían que operar para su relevo. Está claro que después de lo sucedido en los días recientes, es necesario que ese organismo sea dirigido por alguien que no esté confrontado abiertamente con ningún grupo y menos con los comunicadores que han cerrado filas. Ya sabemos que la CEDH no va a resolverle la vida a ningún poblador, pero es una institución muy sensible y su titular debe de ser alguien con solvencia moral. Fin
