La policía municipal de San Cristóbal de Las Casas tuvo la semana pasada dos intervenciones desafortunadas, por decir lo menos, ya que hostigó y reprimió a personas que se manifestaron en dos hechos separados y por motivos distintos.
El suceso más notorio mediáticamente fue el 2 de octubre cuando reprimió a alumnos de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek que se manifestaban pacíficamente para celebrar el 25 aniversario de la fundación de la institución y para conmemorar los 57 años de la masacre estudiantil ocurrida en Tlatelolco en 1968.
Como lo han hecho en los años recientes, después de la amenaza de las autoridades de Zinacantán de cerrar el plantel si seguían cometiendo hechos vandálicos, los normalistas marcharon pacíficamente y sin alterar el orden desde el kilómetro 46 hacia el centro de la ciudad.
Según denuncias posteriores, agentes municipales los estuvieron hostigando y siguiendo durante el recorrido, aunque las cosas no pasaron a mayores, sino hasta que llegaron al parque central, donde normalmente concluyen las movilizaciones que realizan, como las de cada 26 de mes para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Resulta inexplicable por qué los aproximadamente 30 policías municipales les cerraron el paso cuando los alumnos trataron de colocarse en el parque central, frente al antiguo palacio municipal convertido ahora en el Museo de San Cristóbal (Musac), que está bajo la responsabilidad del Coneculta.
Como si de una provocación se tratara, los uniformados comenzaron con los empujones, garrotazos y la hostilidad, mientras los normalistas que portaban sus trajes tradicionales insistían que sólo querían hacer el mitin final en el parque.
No podía anticiparse que provocarían daños en el edificio porque ya tiene varios años que no hacen ni pintas durante las marchas y tampoco han ingresado al Musac, a menos que las autoridades municipales hayan detectado algo o contado con información contraria.
Los agentes no sólo lanzaron gases lacrimógenos, sino que agredieron físicamente a los normalistas, como a una estudiante que recibió un golpe en la cabeza, que le provocó que la sangre le escurriera sobre la cara.
En respuesta, los alumnos tiraron al piso y patearon con furia una motocicleta de un agente de Tránsito que quedó derribada con serios daños, pero no la destruyeron ni le prendieron fuego, por ejemplo.
Hay que insistir en que todo empezó porque los policías no dejaron pasar hacia el parque a los normalistas, que con el mitin finalizarían la marcha de ese 2 de octubre.
Los uniformados pretendían que se dirigieran hacia la Plaza Catedral que está al lado y no al parque central. Quién sabe si lo hicieron para proteger el edificio del Musac o con qué fin, pero a simple vista no se le encuentra lógica a la decisión de los mandos de la Policía Municipal.
Como es lógico, la información llamó la atención y comenzó a difundirse a todos los niveles con videos y fotografías en los que se observa cómo fueron agredidos los estudiantes que se manifestaban para conmemorar precisamente la masacre de hace 57 años.
La actuación de los agentes municipales no parece fortuita, ya que justo la noche anterior asumieron una actitud agresiva y hostil hacia más de cien personas que se manifestaron en el centro de San Cristóbal para exigir el cese del “genocidio” de Israel contra Palestina y la intervención “urgente” del gobierno mexicano para que se garantizara la integridad física y la seguridad de los miembros de la Global Sumud Flotilla, que transportaba ayuda humanitaria para Gaza.
Si bien es cierto que los manifestantes habían obstruido el paso por la calle Diego de Mazariegos, a la altura del parque central porque hicieron la protesta en la vía pública, no había razones suficientes para que los policías llegaran de manera agresiva y amenazante.
En estos casos, los mandos policiacos y las autoridades municipales deben de saber distinguir que no se trata de delincuentes, sino de manifestantes que protestan de forma pacífica y que no había razones para reprimirla.
Cuando se trate de delincuentes, pueden actuar de otra forma aplicando la ley, pero en casos como los del miércoles y el jueves sólo provocan que la corporación y la misma autoridad municipal sean catalogadas de represoras, cuando uno de los postulados de la llamada 4T es precisamente no reprimir para repetir lo de los gobiernos pasados.
Habrá que ver qué sucede cuando algún grupo haga la próxima marcha, si se mantiene la actitud de la semana pasada o si se tiene más cuidado para que no se repitan acciones represivas.
Picotazos. Parece increíble la pifia cometida por senadores de Morena y partidos aliados al aprobar la semana pasada la Ley de Amparo con un artículo transitorio para hacer retroactivas las nuevas disposiciones, a sabiendas de que es algo inconstitucional. Incluso, algunos legisladores morenistas conocedores del tema no estuvieron de acuerdo. La propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, les corrigió la plana en una de las conferencias mañaneras, coincidiendo con la postura de la oposición. No se sabe si fue de mala fe o todo se dio en medio del affaire Adán Augusto López, pero el caso es que los legisladores del partido en el poder se vieron como novatos… Parece que (casi) todo mundo patinó feo con los pronósticos de hacia dónde sería enviado el diputado comiteco, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. Pocos, o nadie, le atinó a que sería designado director del Isstech. Aparentemente es un movimiento extraño porque no es un puesto en el que el titular pueda lucirse fácilmente, sino que por el contrario llegan muchas quejas porque el tema de la atención de la salud es muy sensible. A menos que se trate de una jugada para protegerlo políticamente por alguna reforma antipopular que se vaya a aprobar en el Congreso, se le quiera mantener de momento de bajo perfil o para que ponga orden en el Instituto, no se entiende mucho su cambio. ¿Es una finta? Fin
