Las camionetas de la Suprema
La clase política, del partido que sea, no tiene remedio y ahí está la muestra con lo que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que adquirió camionetas de lujo por un millón 700 mil pesos para los nueve ministros, cuando se suponía que esta es “del pueblo” y por lo tanto, tenía que dejar atrás el dispendio del pasado.
Como era de esperarse, la compra de los vehículos generó muchas críticas, por lo que los ministros echaron reversa, pero ello no quita de la mente de mucha gente que son iguales o parecidos a los anteriores ministros, pues de inicio nada dijeron, lo que significa que estaban de acuerdo. La intención cuenta mucho. No había necesidad de que se exhibieran de esa forma.
Podría decirse que en su actitud se deslizó cierta hipocresía, ya que la llamada cuatro T pregona la austeridad republicana (“no puede haber pueblo pobre con gobierno rico”) y el ejecutivo actual y anterior hace hincapié en la necesidad de reducir gastos superfluos en todas las áreas del Estado.
Sí, son camionetas de un millón 700 mil pesos más el blindaje que supuestamente se les pondría por un precio similar; es decir, más de tres millones de pesos por unidad.
El argumento del Órgano de Administración Judicial (OAJ) es que antes se rentaban los vehículos para los ministros generando un gasto mayor (lo primero que se le viene a la mente a un mal pesando es que una posibilidad es que el arrendatario sea un prestanombres y alguien de la SCJN ganaba mucho dinero, por ejemplo) y que comprando los vehículos se ahorraría muchos millones de pesos.
Es posible que así sea, pero no había necesidad de adquirir camionetas de súper lujo que a los ojos de la población en general resulta hasta ofensivo y a la oposición le da argumentos para decir, con razón, que el pasado sigue incrustado en la cuarta transformación. “Pura hipocresía”, dijeron algunos. “La Tremenda Corte”.
Claro, no hay que menospreciar el hecho de que los ministros hayan sido sensibles a las críticas y hayan hecho reversa, porque bien pudieron montarse en su macho y quedarse con las nueve camionetas Jeep Cherokee del año sin atender los reclamos ciudadanos.
Es posible que desde el Palacio Nacional, a través de la Secretaría de Gobernación, se haya hecho la sugerencia de que los ministros no aceptaran quedarse con las unidades y corrigieran el supremo error, con lo que, de paso, se manda el mensaje a funcionarios y servidores de los demás niveles.
Todos en el gobierno deberían de entender que el dinero del pueblo producto de sus impuestos, tendría que ser sagrado y no malgastarse, cuando menos en el país existen grandes carencias y necesidades como el sector salud, por ejemplo. Ojalá que este caso deje alguna moraleja.
Picotazos. En algunos municipios se está observando que los alcaldes andan tratando de impulsar a sus esposas para que los sucedan en el cargo y de esa forma puedan seguir mamando de la teta del presupuesto público -seguir sirviendo al pueblo, se acostumbra a decir- sin que haya autoridades que les pongan un freno. Los ejemplos sobran. Aparte están las y los presidentes municipales que pretenden reelegirse, y si no lo pueden hacer por las actuales siglas están dispuestos a cambiar de colores. Así de fuerte es su ideología, por el dinero, claro. Ojalá que los partidos políticos y quienes tienen el poder de controlarlos de alguna forma, tomen en serio este tipo de cosas que ya tienen a la gente hasta la madre Teresa de Calcuta, líbranos de tantas barbaridades que allá arriba se cometen en nombre del dinero. Ojalá, ojalá…
Hablando de barbaridades, la diócesis de San Cristóbal denunció que las autoridades municipales de San Cristóbal les cortaron la energía eléctrica antes de la misa con la que finalizó el domingo la peregrinación de más de 10 mil personas para conmemorar los 15 años del fallecimiento del obispo Samuel Ruiz García, llamado jTatic (padre, en tseltal), quien, por cierto, ese mismo día cumplió 66 años de haber sido consagrado obispo de esta diócesis. Monseñor Ruiz García, quien era originario de Irapuato, Guanajuato, seguirá siendo venerado por muchos, muchos años porque hizo un trabajo extraordinario, especialmente en favor de los indígenas. Sus restos se encuentran atrás del altar de la catedral de San Cristóbal. Volviendo al tema, el hecho de que las principales autoridades del municipio profesen una religión distinta (en ese caso hasta se dan el lujo de desviar recursos públicos) no justifica que les corten la energía a los católicos. Muy mal. A propósito, antes de la celebración religiosa, la agrupación llamada Pueblo Creyente denunció que en algunos municipios sigue la violencia por parte del crimen organizado, por lo que las autoridades responsables deben de tomar cartas en el tema. Independientemente de esta denuncia, habitantes de Teopisca, por ejemplo, han asegurado que en ese lugar gobernado por el Partido Verde Ecologista de México sigue activa la práctica del tableo para castigar a quienes no se portan bien. Lo que no queda claro es si las autoridades municipales participan en las acciones… Cada vez que uno pasa por la carretera hacia el aeropuerto Ángel Albino Corzo se pregunta por qué las autoridades competentes no arreglan las lámparas que están a la orilla para iluminar el trayecto. Quién no recuerda cómo se veía de bonito durante el poco tiempo que funcionaron hace ya varios años. Hace falta, además, más señalamientos, sobre todo para las personas que vienen de fuera e ignoran las distancias entre un lugar y otro. Fin.
