Venustiano y Nicolás
Lo que priva en general después de los hechos violentos ocurridos el viernes en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza es mucha confusión y preocupación por lo que pudiera ocurrir más adelante con posibles venganzas.
Esos sucesos también demuestran que grupos del crimen organizado siguen presentes en algunas zonas del estado, aunque hayan bajado el perfil como consecuencia de la estrategia de seguridad federal y estatal.
Quién sabe si se trató de una disputa por la plaza al estilo de esos grupos o si se rompió algún acuerdo que había permitido que se mantuvieran guardados o sin operar tan abiertamente como lo venían haciendo antes por la disputa del territorio. ¿O es un mensaje/reto al gobierno?
Lo novedoso es que en Venustiano Carranza los integrantes de esos grupos civiles armados se toparon con pobladores -no con las fuerzas de seguridad- que igualmente están preparados con armas para enfrentar situaciones de alto voltaje como la que tuvo lugar el viernes.
Según videos en redes sociales, que las autoridades no han desmentido, le pusieron una paliza a los miembros del grupo civil armado, como lo catalogó el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.
Las autoridades solo habían reconocido la existencia de dos personas muertas en Venustiano Carranza (un hombre y una mujer), sin mencionar a los otros dos de Nicolás Ruiz, documentada con nombres y apellidos y dados a conocer por autoridades locales.
Llaven Abarca agregó a la lista ayer a dos más que fueron calcinados junto con la camioneta en la que se transportaban. Presumiblemente se trata de dos miembros del grupo criminal. Se comenta que en los hechos perdió la vida también un importante jefe de plaza, pero las autoridades nada han dicho sobre el particular.
Algunas personas opinan que al morir Chus Orantes dejó un vacio, ya que de alguna forma controlaba muchas cosas en la zona.
Venustiano Carranza es un municipio que por diferencias agrarias ha vivido en medio de constantes conflictos y enfrentamientos internos desde hace varias décadas, pero da la impresión de que ahora se involucró un grupo externo que rebasa el tema agrario.
En el caso de Nicolás Ruiz, sorprende un poco más la violencia porque la población se ha organizado desde hace algunos años para tratar de impedir el ingreso de fuerzas extrañas que tienen sus propios intereses, aunque queda la duda de si lo han logrado totalmente o no.
Ambos municipios están viviendo días de mucha tensión, zozobra e incertidumbre, con mucho temor por lo que pudiera ocurrir más adelante, pues los rumores, parte de la guerra psicológica, están a la orden del día, por lo que las autoridades de los tres niveles tienen la responsabilidad de mantener la paz y la tranquilidad.
Ayer mismo circularon rumores de que el presidente del comisariado ejidal había sido secuestrado, pero la misma Casa del Pueblo lo desmintió: “A eso de las 10 de la mañana la comisión de venta, autorizada por la asamblea general, se encontraban en el rancho El Órgano, propiedad de los Bienes Comunales y con ayuda de compañeros que transitaban en ese lugar, se percataron de la presencia de drones sobrevolando el área; a los 15 minutos se acercó una camioneta negra marca Toyota con personas armadas haciendo detonaciones de arma de fuego de alto calibre hacia donde se encontraba la comisión, con el objetivo de privar de la libertad de nuestro presidente del comisariado”.
Picotazos. El caso Chihuahua se complica cada vez más y deja al descubierto con mayor claridad que a la gobernadora panista María Eugenia Campos no le importó violar la Constitución ni la Ley de Seguridad Nacional y permitió el ingreso de agentes policiacos de Estados Unidos para operar en territorio nacional, como quedó demostrado con el desafortunado accidente en el que murieron cuatro agentes, entre ellos dos mexicanos. Podría interpretarse que con tal de agraciarse con el presidente del vecino país del norte, Donald Trump, y enviarle el mensaje de que si el PAN gobernara tendría entrada libre al país, negoció el ingreso de los dos agentes, ahora difuntos, a espaldas de las autoridades federales, y sobre todo, violando la Carta Magna. No es extraño que ahora que la mandataria está un tanto acorralada, un periódico estadounidense publique que al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya le suspendieron la visa los gringos y lo traen en la mira. Para nadie es un secreto que ese mandatario podría tener vínculos con grupos generadores de violencia y que desde hace mucho debió Morena de deshacerse de él. Lo raro es que justo cuando la gobernadora panista está metida en problemas aparece o se revive su caso con la ayuda de funcionarios de Estados Unidos que filtran datos. ¿Lo planeó con su partido la gobernadora panista? ¿Estará buscando ser candidata?… Hablando de ese país de las barras y las estrellas, da la impresión de que el presidente ya encontró el modo de tratar de desviar la atención de la opinión pública y de paso recuperar algo de la popularidad perdida con cortinas de humo. Podría decirse que después de dos hechos parecidos (el anterior fue en julio de 2024 en Pensilvania), esa es la marca de la casa. Posiblemente el mandatario logre engañar a algunos con esas piruetas, que por lo demás, ponen en evidencia las graves fallas del servicio de seguridad si es que fuera verdad lo del supuesto ataque. Pero todo parece que de lo que se trata es de desviar la atención en momentos en que su guerra conjunta con Israel en contra de Irán está entrampada y más bien parece que Donald es el que está implorando llegar a un acuerdo mediante el diálogo, pero el país persa ya le tomó la medida. Algunos ven como humillación el hecho de que los negociadores gringos viajen a Pakistán y regresen sin acuerdo alguno. Además, la cadena NBC News acaba de revelar que las bases militares de Estados Unidos y otros equipos desplegados en la región del Golfo Pérsico sufrieron daños mucho más graves de lo que Washington ha reconocido públicamente durante los ataques iraníes, y su reparación podría costar miles de millones de dólares. Fin
