¿ICE presionado?
Parece que las presiones de México en contra de autoridades de Estados Unidos están dando algún resultado, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibió instrucciones de detener de inmediato los controles de tráfico después de que agentes mataran a balazos a dos conductores en Texas y Maine en una semana.
Las protestas y acciones jurídicas presentadas por el gobierno de México ante autoridades de Estados Unidos, ocurrieron después de que los agentes gringos mataron a Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, de 52 años, quien recibió un disparo en su auto cuando se dirigía al trabajo en Houston.
Da la impresión de que la postura en parte del gobierno mexicano de pedir justicia por 17 connacionales muertos en el vecino país, busca contrarrestar un poco las presiones de su par gringo que ha endurecido el discurso y los embates tratando de debilitar a la llamada cuarta transformación y fortalecer a la oposición derechista que nomás no hace nada por su cuenta para ganar votos, sino que está esperando que del otro lado de la frontera les resuelvan el problema.
Ahí están, por ejemplo, las declaraciones del director de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, Terry Cole, quien el martes se refirió otra vez a la conexión entre los cárteles de las drogas y el gobierno mexicano. Lo raro es que pasando la frontera gringa pareciera que no hay carteles que trasladan y distribuyen la droga porque casi nunca se habla de decomisos ni detenciones importantes. ¿Cómo llegan, entonces, los narcóticos a ese que es uno de los principales consumidores del mundo y que presume tener una seguridad de primera? Algo no cuadra
Esas declaraciones pudieran también ser una respuesta a la postura mexicana de pedir castigo para los agentes del ICE, a quienes, como parte de su feroz política anti migrantes, el presidente Donald Trump ha salido a defender nuevamente sin que quede claro si continuarán en lo inmediato o no los operativos.
La suspensión de los controles de tráfico es por lo pronto un logro, pues no es tan fácil que la arrogancia del Tío Sam recule y menos ahora que se ha desatado una cacería en contra de los migrantes.
El caso que terminó por darle un empujón al asunto es el del colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 28 años, residente en Maine, asesinado a balazos el lunes por agentes federales de migración. Las protestas de diversos grupos defensores de los derechos de los migrantes han ido arreciando. Más adelante se verá si sirve de algo la exigencia mexicana o si Trump sigue adelante con su política como si nada.
Por lo pronto, da la impresión que la postura de México es un poco para exhibir de algún modo al gobierno de Estados Unidos que presiona por casos de funcionarios presuntamente relacionados con actividades que involucran al narcotráfico, pero ignora los pedidos de justicia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Morena y su Maru Campos
¡Vaya, vaya! Morena tiene a su Maru Campos en la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien fue balconeada mediante un audio dando información presuntamente sobre temas de seguridad a alguien que no ha sido identificado, pero que se presume es alguna autoridad de Estados Unidos.
Es posible que la mandataria pretenda colaborar de alguna forma para quedar bien, con el fin de que no le retiren la visa -¿por qué a muchas personas obsesiona tanto viajar a Estados Unidos?- y no la vayan a incluir en alguna lista de funcionarios involucrados en actividades ilícitas. Su caso no es igual al de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, quien tiene acuerdo con la CIA para que participe en operativos en su estado, según quedó claro en los meses pasados.
El caso es que los gobernadores de estados cercanos a la frontera con Estados Unidos, del partido que sean, deben de enfrentar muchas presiones y chantajes de las autoridades gringas, más ahora que Donald Trump está desatado y furioso porque casi todo le sale mal, buscando quién se la paga.
Bukele va por su tercera elección
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele fue designado por su partido Nuevas Ideas, candidato para que se reelija por segunda ocasión, con lo que se vuelve un dictador violando la Constitución que hizo cambiar a modo. Su primera administración comenzó el 1 de junio de 2019 y luego de su primera reelección, asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024.
Ese gobierno debió concluir en 2029, pero nuevamente hizo modificar la Carta Magna para adelantar las elecciones a 2027, con el fin de que su figura arrastre el voto para alcaldes y diputados, pues no quiere dejar espacios a la oposición de su país, que igual que en México está borrada.
En su caso ha sido por la exitosa estrategia de seguridad para mantener a raya a las temibles maras (pandillas), aunque para ello lleva más de cuatro años con un régimen de excepción que suprime derechos a la población. De todos modos, ya fue presentado también el médico y dirigente sindicalista, Rafael Aguirre como candidato ciudadano que competirá en las elecciones presidenciales bajo las siglas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que por cierto tuvo la oportunidad de cambiar el país durante dos administraciones, pero no quiso o no supo y Bukele lo desapareció del mapa electoral en 2019. ¿Y si ningún partido presentara candidatos para deslegitimar las votaciones?
A propósito del mandatario salvadoreño que es una sensación en varios países por su modelo de seguridad, el diario español El País acaba de publicar un reportaje en el que asegura que sólo en los primeros siete años de su mandato, él y su familia han adquirido 34 nuevas propiedades, con lo que multiplicaron por doce las tierras en su poder, valoradas en más de diez millones de dólares. Con razón no quiere dejar el poder. Mientras, el pueblo sufre la gran crisis económica, aunque, es cierto, existe mucha seguridad. Fin
