La salud mental es un pilar fundamental para el bienestar individual y colectivo. En los últimos años ha emergido como una de las principales preocupaciones de salud pública a nivel global.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 970 millones de personas viven con algún trastorno mental, incluyendo abuso de sustancias, trastornos alimenticios, depresión o ansiedad.
Además, se prevé que estas enfermedades sean la principal causa de discapacidad para el año 2030. La premisa es clara: “No hay salud sin salud mental”.
Sin embargo, este tema sigue sin valorarse adecuadamente. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la mala salud mental se asocia a cambios sociales rápidos, condiciones de trabajo estresantes, exclusión, violencia y factores biológicos o genéticos.
El impacto es tan severo que puede reducir la esperanza de vida de una persona hasta en dos décadas. Por ello, una comunidad sana requiere intervenciones conjuntas que promuevan la cohesión social y derriben estigmas.
En México atravesamos una crisis silenciosa que la pandemia de covid-19 terminó por detonar. Esta crisis no afecta a todos por igual. Las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran un impacto mayor en las mujeres. Esto se debe a factores como la sobrecarga de cuidados no remunerados, la violencia de pareja y la precariedad laboral.
Las cifras actuales son alarmantes. La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare-Inegi 2024) reveló que el 17 por ciento de los adultos reportan síntomas depresivos y el 21 por ciento padece ansiedad moderada o severa.
Esto se traduce en un colapso operativo: el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica registró casi 400 mil consultas por estos motivos en un año, lo que equivale a más de mil atenciones diarias.
El dato más doloroso es el aumento de suicidios, que cobró la vida de 8 mil 837 personas en 2023, con un incremento a 9 mil 051 en 2024, afectando especialmente a jóvenes de entre 15 y 29 años.
La depresión y la ansiedad son prevenibles, detectables y tratables. Es urgente que el gobierno aumente la inversión, reduzca la brecha de atención y fomente la prevención.
Como sociedad, el siguiente paso es hablar sin prejuicios, exigir servicios accesibles y apoyarnos mutuamente. Enfrentar esta crisis no es un lujo, es una deuda pendiente con el bienestar de millones de mexicanos.
El gran desafío de nuestro país no es médico, sino político. La falta de acceso a un tratamiento oportuno evidencia el abandono histórico de nuestras instituciones.
Mantener el presupuesto de salud mental en un raquítico 1.3 por ciento, mientras la Organización Mundial de la Salud exige un 5 por ciento, no es un problema de escasez de recursos, sino de prioridades de Estado.
Negar el presupuesto necesario para sanar la mente de la población es una forma de violencia institucional. Enfrentar esta crisis no es un lujo ni una promesa de campaña; es una obligación legal y ética que los gobiernos actuales siguen evadiendo, dejando en nuestro caso a millones de mexicanos a la deriva de su propio dolor.
Hasta hace poco, cuando tuve la oportunidad de liderar la línea ejecutiva en atención a las adicciones, se abordaban los alcances más altos en el consumo de drogas como tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y metanfetaminas, entre otras. Cada área del estudio y del manejo se realizaba de manera independiente.
Actualmente, la Secretaría de Salud ha instruido que todas estas áreas, incluyendo la salud mental, sean abordadas desde un mismo patrón.
Considero que esta decisión puede implicar más problemas que soluciones. Por ello, creo que sería conveniente analizar con cuidado la separación de ambas actividades y dedicarle a cada una la atención y claridad que realmente requieren.
