Guadalupe Taddei es la primera presidenta del INE que deja el cargo bajo sospecha de corrupción. “Reforma” documentó que en 2025 el instituto adjudicó de manera directa dos contratos por 197.6 millones de pesos, para producir el material de la elección judicial, a empresas de los hermanos Hernández Casillas, con uno de los cuales la consejera mantenía una relación personal que la prensa ha documentado.
La Auditoría Superior de la Federación abrió el 23 de octubre una investigación de oficio por indicios de conflicto de interés, colusión y triangulación de recursos, y tres días después Taddei entregó su renuncia en la Cámara de Diputados.
Hasta ahí los hechos, que siguen en investigación y que conviene no dar por juzgados. Lo que sí se puede discutir desde ahora es lo que el episodio revela sobre el diseño del órgano electoral, y la conclusión equivocada que ya empieza a circular.
Lo primero que llama la atención es que ningún mecanismo formal operó. Taddei no fue removida por juicio político, ni separada por el Órgano Interno de Control, ni destituida por el Consejo General, que no tiene esa facultad.
Cayó por una secuencia de reportajes y por una señal del Ejecutivo: el 23 de octubre la presidenta dijo que no debía haber ninguna sombra de corrupción en el INE y que la renuncia dependía de Taddei, y el 26 Taddei renunció.
Que una presidenta cuestionada se vaya es una buena noticia; que el momento de su salida lo haya marcado Palacio Nacional y no un procedimiento del propio instituto o del Congreso, es un dato sobre la autonomía del INE que no debería pasar desapercibido, porque la misma vía que esta vez sirvió para sacar a alguien que debía irse puede servir, en otro momento, para presionar a alguien que debería quedarse.
Lo segundo es que la discrecionalidad que hoy se investiga no fue una invención de Taddei, fue una facultad que el Congreso le entregó. En octubre de 2024, mientras el Senado discutía las leyes secundarias de la reforma judicial, se añadió una modificación al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que no venía en la iniciativa original y que permitió a la presidencia del INE nombrar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, cuando antes esos nombramientos requerían ocho votos del Consejo General, y amplió además las atribuciones de la Junta General Ejecutiva, presidida por ella e integrada en buena medida por funcionarios que ella misma podía designar.
Los órganos colegiados existen precisamente para que la integridad de una institución no dependa de la integridad de una sola persona. El Congreso desmontó ese contrapeso de contrabando, en una reforma que trataba de otra cosa, y ahora los mismos grupos parlamentarios presentan iniciativas para devolverle al Consejo la facultad de aprobar los nombramientos y para revisar en un mes la legalidad e idoneidad de los que se hicieron desde entonces. Habría costado mucho menos no quitarla.
Y aquí conviene desmontar una idea que ya se escucha en pasillos y en redes, a propósito de que la Cámara perfila una convocatoria exclusiva para mujeres para la sucesión: que Taddei llegó por ser mujer y que ahí empezó el problema.
No es así. Taddei llegó a la presidencia en marzo de 2023 por insaculación, es decir, por sorteo, porque la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría de dos tercios para designar a nadie, y gobernó el instituto con las facultades que el Congreso le entregó un año y medio después.
El género no eligió a Taddei ni le dio los superpoderes; lo hicieron una regla de designación que premia la falta de acuerdos con una tómbola y una reforma legal que concentró decisiones en una sola silla.
Atribuir el resultado a la convocatoria paritaria es confundir la puerta por la que entró con las llaves que le dieron adentro, y de paso convertir en sospechosas a todas las mujeres que compitan ahora.
El problema no estuvo en lo que la Cámara sabía o dejaba de saber de la candidata, estuvo en que la candidata salió de una urna y en que, una vez adentro, nadie tenía que aprobar sus decisiones.
La convocatoria llegará al pleno el 4 de noviembre. Si la Cámara quiere que esta vez sea distinto, lo que tiene que cambiar no es el sexo de las aspirantes sino lo que las espera al llegar: una presidencia que proponga y un Consejo que decida, y un acuerdo político que no deje la conducción del árbitro electoral al azar de una tómbola.
Nada de eso depende de quién gane en diciembre; depende de lo que los diputados hagan en noviembre, y conviene mirarlos entonces con la misma atención con la que ahora se mira a Taddei.
