Este 1 de septiembre marca el inicio de la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcada por tres rasgos fundamentales que, sin lugar a duda, definirán el rumbo de su actuar: la legitimidad democrática de sus integrantes, la conquista de la paridad de género y la fuerza simbólica de la ceremonia de toma de protesta. Estos elementos no son accesorios ni circunstanciales: representan un cambio profundo en la manera de concebir la justicia constitucional y en el modo en que esta se vincula con la ciudadanía.
En primer lugar, la legitimidad democrática constituye una de las transformaciones más trascendentes del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF). Recordar que, durante décadas, la integración de la Corte estuvo determinada por nombramientos de carácter político que, pese a su legalidad, en no pocas ocasiones generaron una percepción de constituir un premio o cuota partidista.
Ahora, la designación mediante el voto ciudadano dota a ministras y ministros de un origen distinto; un anclaje en la voluntad popular que implica un compromiso renovado con la transparencia, la rendición de cuentas y la cercanía con las personas. Esto redefine el papel de la Corte y de los demás juzgados y tribunales del país, que deberán ejercer sus funciones no solo con técnica y rigor, sino también con la consciencia de representar una confianza colectiva inédita.
El segundo elemento es la paridad de género, una conquista largamente esperada en la composición del máximo tribunal. Alcanzar la igualdad en la integración no es un acto simbólico ni una concesión, es el reconocimiento de que la justicia solo puede entenderse desde miradas plurales y diversas. La presencia equilibrada entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones dentro del PJF se traduce en resoluciones que apliquen enfoques más sensibles con la realidad de la sociedad a la que sirven. La paridad en los tribunales también envía un mensaje potente: las mujeres no solo tienen derecho a acceder a la justicia, sino a construirla y a ejercerla en condiciones de igualdad.
El tercer rasgo que marcará este momento es la ceremonia de toma de protesta y la entrega de bastón de mando. Estos actos trascienden el protocolo jurídico que se entendía como un momento rígido y tradicional para incorporar un valor cultural y de identidad nacional. Con esta ceremonia no solo honran a los pueblos originarios, sino que enlazan tradición y modernidad. Se trata de reconocer que la justicia no es ajena a la historia ni a la diversidad cultural de México.
Estos tres ejes, legitimidad democrática, paridad de género y simbolismo cultural, trazan el rumbo de esta nueva etapa en la Suprema Corte, pero también plantean desafíos. La legitimidad de origen debe traducirse en legitimidad de ejercicio, el voto ciudadano otorga confianza, pero solo su independencia y las sentencias que dicte podrán sostenerla en el tiempo. La paridad de género, por su parte, abre la puerta a una justicia más igualitaria, pero exige también políticas internas que erradiquen la discriminación y que fortalezcan la carrera judicial de las mujeres en todos los niveles. Y la incorporación de símbolos culturales debe ir acompañada de un verdadero respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios y a la diversidad que caracteriza a México.
Se está ante una oportunidad histórica. El nuevo PJF que inicia funciones es una institución renovada en su origen y en su composición, con una muy clara responsabilidad, transformar el sistema de impartición y hacer vigentes los valores democráticos, igualitarios y plurales de la nación mexicana.
Hoy depende de las y los juzgadores que fuimos electos el éxito de la reforma judicial. Ese es el reto y, al mismo tiempo, la promesa de esta nueva etapa.
