Después de meses de recorrer la sierra sin rumbo fijo y, peor aún, sin encontrar una salida al mar, José Arcadio Buendía convenció a quienes le acompañaban de establecerse a la orilla de un río.
Desde ahí organizó la construcción de las viviendas, ordenadas de tal forma que todas tuvieran acceso al agua; trazó las calles de la aldea que, eventualmente, sería un pueblo concurrido; y buscó crear rutas con otras ciudades. Así nació Macondo.
Pero dentro de la casa de los Buendía existía otra fuerza, menos visible, aunque igual de importante: la de Úrsula Iguarán. Mientras José Arcadio perseguía proyectos, exploraciones e inventos, Úrsula sostenía el hogar, cuidaba a la familia, administraba los recursos y hacía posible la vida cotidiana. Su trabajo permitió que el fundador de Macondo pudiera dedicar tiempo y energía a construir la aldea que había soñado.
Esa idea atraviesa “Cien años de soledad” y, de manera inesperada, guarda relación con una controversia que recientemente resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El asunto –Contradicción de Criterios 53/2026– surgió a partir de una contradicción entre criterios de Tribunales Colegiados: ¿un inmueble adquirido por uno de los cónyuges antes del matrimonio puede ser tomado en cuenta para efectos de la compensación económica cuando una parte importante del crédito hipotecario fue pagada durante la vigencia del matrimonio, el cual fue celebrado bajo el régimen de separación de bienes?
Para responderla, la Corte examinó dos cuestiones fundamentales: el significado de las cargas familiares dentro del matrimonio y la finalidad de la compensación económica.
Respecto del primer aspecto, recordó que el matrimonio genera deberes recíprocos de ayuda, solidaridad e igualdad y, por tanto, contribuir al sostenimiento de la familia no significa únicamente aportar ingresos, sino también realizar labores domésticas, organizar el hogar y asumir tareas de cuidado. Todas esas actividades poseen un valor económico y jurídico que no puede ser ignorado.
Sobre el segundo aspecto, la Corte reiteró que la compensación económica es un mecanismo resarcitorio, el cual no busca repartir por igual los patrimonios ni convertir en comunes los bienes de uno de los cónyuges, sino que su objetivo es corregir la desventaja económica que puede experimentar quien, por asumir labores domésticas y de cuidado, vio reducidas sus oportunidades de desarrollarse profesionalmente, generar ingresos o construir un patrimonio propio.
A partir de estas premisas, el Pleno de la Corte concluyó que cuando un bien fue adquirido antes del matrimonio, pero parte del crédito utilizado para pagarlo se cubrió durante su vigencia, esa proporción sí puede considerarse para efectos de la compensación económica.
No porque el bien deje de pertenecer a quien lo adquirió, sino porque esos pagos se realizaron durante una etapa en la que coexistieron dos formas de contribución igualmente valiosas: el trabajo remunerado de una persona y el trabajo doméstico y de cuidados de la otra.
La decisión es relevante porque reconoce una realidad frecuentemente ignorada: el patrimonio familiar rara vez es resultado exclusivo de quien aporta el dinero, también es consecuencia del trabajo de quien cuida, organiza, acompaña y sostiene la vida cotidiana.
Quizá esa sea la enseñanza más importante del caso: durante mucho tiempo, el derecho puso su atención únicamente en quien firmaba contratos, recibía salarios o realizaba pagos.
Hoy empieza a reconocer algo que Gabriel García Márquez había advertido desde hace décadas: detrás de muchos patrimonios existe una Úrsula Iguarán, cuyo trabajo no aparece en las escrituras, pero sin el cual buena parte de ellas jamás habría podido pagarse. Reconocer esa aportación no es un acto de generosidad, sino una exigencia de igualdad y de justicia.








