La elección de juezas, jueces, ministraturas y magistraturas federales mediante el voto popular, como lo establece la reforma judicial de septiembre de 2024, representa un punto de inflexión para el sistema de justicia mexicano.
Sin embargo, este primer ejercicio ha dejado múltiples lecciones institucionales, una de las más importantes: la urgencia de modernizar los mecanismos de votación, de lo que me he pronunciado en reiteradas ocasiones.
Si realmente aspiramos a que la participación ciudadana sea amplia, accesible, segura y eficiente, el voto por internet no puede seguir siendo una alternativa opcional o lejana: debe ser una realidad operativa en la próxima elección judicial, sobre todo para contar con la certeza de obtener resultados de manera casi inmediata.
En un país tan vasto y desigual como México, donde millones de personas habitan en zonas rurales, migran constantemente o carecen de tiempo para acudir a casillas de manera física, la implementación del voto electrónico remoto sería una decisión profundamente acertada y democrática.
La inclusión de este mecanismo de votación no debe quedar solo en el discurso o las buenas intenciones, debe ser una garantía de voluntad política, debemos ser enfáticos en que una mayor participación de la ciudadanía representa mayor legitimidad para proceso electoral y a las personas electas, entre otras.
Debemos referir que una de las principales ventajas del voto por internet es la ampliación del universo de participación, particularmente de jóvenes que, de acuerdo con registros del Instituto Nacional Electoral (INE), son el segmento de la población que menos participa en elecciones.
También, el voto electrónico por internet podría ser una alternativa para las personas con discapacidad, para las y los mexicanos residentes en el extranjero, la población en prisión preventiva y, en general, para toda la población.
Recordemos que en esta primera edición de la elección judicial, las cifras de abstencionismo fueron preocupantes, sobre todo porque las personas electas serán las responsables de establecer un orden social y jurídico propios de un Estado de derecho.
Además, el voto en línea (por internet) ofrece mayores condiciones de trazabilidad, transparencia, certeza y seguridad, siempre que se implementen con tecnología de punta, protocolos criptográficos, auditorías independientes, código abierto y la participación de distintos actores involucrados en el proceso.
Experiencias como las de Estonia, Brasil, India o incluso México a nivel estatal —como el caso de Coahuila y Jalisco, donde se ha aplicado en ejercicios vinculados a consultas populares o voto migrante—, demuestran que es técnicamente viable garantizar la autenticidad del sufragio sin poner en riesgo el anonimato.
En nuestro país, el primer ejercicio de voto por internet se registró en 2012, cuando el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal lo instrumentó para nuestros connacionales residentes en el extranjero para la elección de la Jefatura de Gobierno.
El INE por su parte, bajo criterios bien definidos lo instrumentó, por primera vez -casi una década después- en 2021 para elecciones locales y, desde entonces, ha sido una constante para la participación de las y los mexicanos residentes en el extranjero.
El voto por internet significaría un ahorro de recursos públicos y la disminución de la huella ambiental. El voto presencial implica millones de boletas, traslado de papelería, integración de casillas, capacitación de personas funcionarias y operación de todo un aparato logístico que, aunque indispensable en elecciones tradicionales, podría ser complementado y optimizado con mecanismos electrónicos remotos, reduciendo tiempos, costos y errores humanos al momento del escrutinio y cómputo de casillas.
Entiendo que hay críticos al voto por internet que refieren de posibles fraudes o ciberataques. Sin embargo, hoy en día el sistema bancario, los servicios públicos digitales y las plataformas de gobierno electrónico operan con esquemas de cifrado robusto. Por lo que debemos confiar en este proyecto de gran envergadura para nuestro país.
En esta elección judicial, las y los mexicanos pudimos conocer las boletas federales y practicar nuestro voto en línea, lo que resultó un ejercicio importante, sencillo, pedagógico y, sin duda, la antesala del voto digital.
Apostemos por la modernización de los procesos electorales en México, por la optimización de sus resultados, por el ahorro presupuestal, por el medio ambiente pero sobre todo, por la mayor participación de la ciudadanía en estos ejercicios democráticos.
