El proceso electoral celebrado el pasado domingo constituye un parteaguas en la vida jurídica y política de México, ya que por primera vez en la historia la ciudadanía votó para elegir a quienes integrarán a los poderes Judicial federal y estatal, lo que sin lugar a duda significa un paso adelante en el fortalecimiento de la democracia mexicana.
Es necesario hacer un análisis objetivo y honesto, por lo que no se debe confundir la reforma con el proceso electoral. La reforma era necesaria e inaplazable, así lo demandó mayoritariamente el pueblo y lo confirmó en junio de 2024 en las urnas.
El proceso es inédito, por lo tanto, perfectible, tal y como ha sucedido con todos los procesos electorales en nuestro país y en los demás países del mundo.
Es del dominio público que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia en México durante las últimas décadas, fue el resultado de la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia, lo que provocó una enorme desconfianza y distanciamiento entre la sociedad y las autoridades judiciales, restándoles credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones.
Con razones justificadas, la percepción generalizada de la ciudadanía es que solamente podía acceder a la justicia quien podía pagarla. Además, no fueran pocas las veces en que las y los juzgadores fallaron en favor de intereses económicos y en contra del interés nacional, lo cual provocó aún más distancia no solamente de la ciudadanía, sino también de los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluso hasta llegar al encono, debido a decisiones arbitrarias y supraconstitucionales.
Recordemos que, de acuerdo con el Inegi, dos de cada tres mexicanos consideraron que los jueces son corruptos, ubicándolos en la penúltima posición en cuanto al nivel de confianza.
La reforma judicial demandada por el pueblo fue denostada sin tregua por una minoría que vio afectados sus intereses, valiéndose de la difusión de noticias falsas e información incompleta y desvirtuada, con el objetivo de sembrar dudas, desconfianza y temor. La campaña de denostación continuó hacia el proceso electoral para deslegitimarlo a través del llamado al abstencionismo.
Afortunadamente, triunfó la democracia y por primera vez en la historia las mexicanas y mexicanos pudimos elegir a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros, quienes estarán sujetos al escrutinio público, garantizando con su independencia y autonomía.
Es verdad que el mecanismo electoral fue complicado, debido a la gran cantidad de cargos a elegir, a la poca información y a la incesante campaña para desincentivar el voto; sin embargo, los resultados son muy alentadores.
Salieron a votar libremente cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos, lo cual no es poca cosa, si consideramos lo inédito del proceso y las complicaciones referidas.
No son poca cosa porque son mucho más que los 9.6 millones que obtuvo el PAN en las elecciones de 2024, que los 6.2 millones de MC y que los 5.7 millones del PRI. Ya los quisieran quienes los minusvaloran.
Gracias a esos 13 millones de votos, el Poder Judicial está integrado por la ciudadanía y no por una élite. Los cargos elegidos no responden a los contubernios de la gran red de corrupción que se tejió durante décadas, sino a la voluntad popular.
De ahí que el abogado indígena de origen mixteco, Hugo Aguilar, presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que obtuvo la mayor votación.
Este proceso electoral permitirá que el Poder Judicial recupere la confianza de la ciudadanía, una verdadera rendición de cuentas de las autoridades judiciales, la certeza de que no habrá más privilegios, lujos y despilfarros, ponerle un alto a la corrupción y, sobre todo, que el acceso a la justicia sea para todas y todos.
Una vez más me decanto por la democracia participativa, confirmo que el único poder soberano es del pueblo. Confío en el poder de mi voto y el de mis compatriotas.
