Daniel García y Reyes Alpízar pasaron 17 años de su vida encarcelados en el penal de Barrientos, sin recibir sentencia respecto al homicidio que se les imputa, el de la regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido en 2001. Esto quiere decir que en 17 años las autoridades no lograron ni comprobar su delito ni exculparlos. Por ello un juez ordenó su liberación a finales de agosto pasado.
Esto nos describe un grave problema en la impartición de justicia en nuestro país: no hay respeto por la vida ajena. Quienes los encarcelaron y se olvidaron de ellos cometieron un grave delito de omisión.
La ligereza con que el sistema de impartición de justicia opera puede generar violaciones de derechos humanos que terminan en la impunidad oficiosa. La lentitud y el tortuguismo son una falta de sensibilidad social, pero también deben calificarse como irresponsabilidad. Que alguien sea acusado penalmente y encarcelado representa para la persona una afectación grave: significa perder un tiempo valioso de su vida, que nunca más se recuperará si resulta ser inocente.
Las extorsiones derivadas del sistema de autogobierno, que es un contubernio delictivo donde se mezclan los intereses económicos personales de las autoridades carcelarias y los de los reos que ejercen poder y control cotidiano de los penales, significa una aberración jurídica tolerada, o quizá fomentada, desde los niveles jerárquicos más altos de la estructura gubernamental.
Es evidente que nuestro sistema carcelario, irónicamente denominado “readaptación social”, constituye una de las mayores injusticias, pues no estimula el arrepentimiento, sino el resentimiento y el deseo de venganza en contra de la sociedad.
Respecto al caso de Daniel García y de Reyes Alpízar, quienes fueron privados de su libertad y mantenidos recluidos largo tiempo sin tener sentencia, debemos considerarlo una alerta, que nos indica que posiblemente sea una problemática de alta incidencia. Reos inocentes del delito que se les imputa y por otra parte, un fenómeno jurídico aberrante, como es la liberación de delincuentes cuya trayectoria delictiva es conocida y comprobada por las autoridades, que sin embargo, son liberados por jueces que argumentan errores en la integración de expedientes. Tal es el caso de algunos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Lo que hoy vivimos en México es producto de graves anomalías en la impartición de justicia. Incluso la nueva práctica de anteponer argumentos administrativos o de deficiencias jurídicas en los procesos, para liberar delincuentes, representa una grave responsabilidad de funestas consecuencias, pues recicla y reintegra en sus actividades a peligrosos sujetos.
Muchos de los asesinatos y delitos de alto impacto en contra de ciudadanos inocentes, se podrían haber prevenido si quienes los cometen no hubieran sido liberados. Con sorpresa nos enteramos por la prensa que peligrosos delincuentes que hoy cometen un delito de alto impacto, ya estuvieron presos con anterioridad y fueron liberados en condiciones opacas, donde se puede presumir corrupción.
Debiese crearse un protocolo jurídico para impedir que reos de alta peligrosidad comprobada sean liberados por fallas administrativas, así como agilizar la dictaminación de sentencias.
Es urgente rehacer nuestro sistema de justicia para crear un mejor país, donde la justicia sea un asunto de valores y principios jurídicos. ¿Usted cómo lo ve?