Hay episodios de la historia que el poder prefiere recordar como efeméride y no como advertencia. El Primer Congreso Feminista de Yucatán, realizado del 13 al 16 de enero de 1916, es uno de ellos.
Se le menciona como antecedente, como símbolo temprano de progreso, como un dato que adorna el discurso institucional. Pero rara vez se asume lo que realmente fue: una irrupción incómoda que desordenó el mapa político de su tiempo.
Más de 600 mujeres se reunieron en Mérida para hablar de lo que no se suponía que hablaran. Este evento fue trascendental: por primera vez en la historia se cuestionaron de manera organizada y pública temas considerados intocables, marcando el inicio colectivo de la lucha por los derechos políticos y sociales de la mujer en el México moderno.
Con este acto de audacia revolucionaria, las mujeres dejaron de pedir permiso para ser vistas y comenzaron a exigir el derecho a ser tomadas en cuenta y escuchadas. Participaron mujeres que entendieron algo esencial: que la educación sin derechos es una promesa vacía.
Debatieron el derecho al voto, al divorcio, a la educación laica, a la igualdad salarial y a la emancipación económica. Sacudieron la moral de su época al hablar de igualdad intelectual, de sexualidad femenina y, de manera pionera, afirmaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Este principio de autonomía corporal encontraría un eco organizado años después, en 1922, también en Yucatán, con un movimiento feminista liderado por Esperanza Velázquez, quien abogó explícitamente por la planificación familiar y el control natal, demandas fundamentales en la agenda del feminismo mexicano.
El Congreso, que inauguró en México la discusión pública sobre la ciudadanía plena, la autonomía corporal, la justicia económica y la participación política de las mujeres, tiene un legado tangible: un marco jurídico avanzado, con leyes federales y locales progresistas en materia de violencia de género, derechos laborales y la paridad constitucional que ha dado lugar a uno de los congresos más equitativos del mundo en términos de género.
Además, impensable hace apenas dos décadas, ocuparan cargos públicos a la par que los hombres, gubernaturas, jefatura de gobierno y nada menos que la Presidencia de la República.
Sin embargo, la igualdad sustantiva a la que aspiran todavía está pendiente. Hoy, más de un siglo después, el discurso oficial presume paridad, inclusión y liderazgo femenino.
Pero la realidad es más incómoda. La presencia de mujeres en cargos públicos no siempre se traduce en poder real ni en agendas transformadoras. Muchas veces se les permite estar, pero no decidir. Hablar, pero no incomodar. Representar, pero no cuestionar.
La aplicación de las leyes es desigual; la paridad numérica no garantiza automáticamente una agenda feminista transformadora; persisten la brecha salarial y la sobrerrepresentación en el trabajo informal y en el trabajo de cuidados no remunerado.
Los derechos conquistados, incluido el fundamental derecho a decidir sobre el cuerpo, aún no son una experiencia cotidiana para todas, especialmente para las mujeres indígenas, afromexicanas, campesinas, migrantes y pobres.
A 110 años de ese pionero y aleccionador Congreso Feminista de Yucatán, sigue vigente: los derechos no se conceden, se disputan. Y cada vez que las mujeres incomodan al poder, la democracia se vuelve menos cómoda, pero más honesta y más real.
Corresponde a todas y todos seguir avanzando por ese umbral hasta que la justicia, la igualdad y la autonomía plena sobre las vidas y cuerpos no sean una excepción, sino la norma.
