Hace dos años se mostró un problema en toda su magnitud. 97 Ayuntamientos municipales de Chiapas se declararon en quiebra financiera “por adeudos heredados de las administraciones pasadas”, según declaración de uno de ellos. Es necesario añadir que a las herencias se agregaba un poco de las que estaban en funciones y que precisamente el día de ayer concluyeron el trienio con una serie de crisis que afectan la gobernabilidad, la economía y la normalidad.
Entonces, reunidos con legisladores de la Comisión de Hacienda de la LXV Legislatura local, los alcaldes clamaron por un rescate financiero por parte de los otros dos nivenes de Gobierno. Recién llegaban al frente de la administración y la situación era insostenible.
Casualmente el secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República dijo en esos días que si bien la deuda de estados y municipios no constituye una amenaza para la Federación, el problema es la tendencia, es decir, una situación en que la falta de recursos lleva a mayor endeudamiento del que ya existe. También dejó claro que no hay partida para rescates.
Tras acudir al Congreso los presidentes municipales recién llegados, destacaron que la Comisión de Hacienda de la LXV Legislatura local les había sugerido solicitar recursos a la Federación, pues el número de ediles en bancarrota iba en aumento.
Por eso es pertinente plantearse qué se va a hacer frente a este asunto ahora que se renuevan las alcaldías, porque no debe prolongarse esta situación en ciclos que hacen crisis recurrentes cada determinado lapso.
La deuda de los ediles parece impagable, es un problema que ha afectado la economía de sus respectivos entornos comerciales y empresariales al quedar a deber a diestra y siniestra, la energía eléctrica, telefonía, laudos laborales y hasta flores.
La situación de insolvencia fue detectada hace más de tres años. La frecuencia con que contraban deuda los Ayuntamientos era inusual, pero en aras de mantener la tranquilidad no se hacían señalamientos, hasta que fue imposible no hacerlo.
Hay responsables, según se desee ver, y éstos, los ediles, culpan por lo general a los antecesores, y así el tema es de cada tres años. También se ha señalado a funcionarios de la banca de desarrollo, que forzosamente debieron haber tenido información de lo que se estaba comprometiendo en los municipios, y también la banca privada. Se ha aludido igual a los legisladores locales, que debieron haber analizado antes de autorizar las peticiones de los presidentes. Calificadores como Moody’s indican que se debe revisar los criterios crediticios de algunos bancos, sobre todo los que más prestaron en años recientes.
Como se ve, todos han sido interpelados en su momento por este asunto, sin embargo ahora que arrancan 122 presidentes resultaría de interés saber de sus estrategias para evitar que en 2018 las cabeceras municipales permanezcan sin servicios públicos y con creciente inconformidad.
Uno de los alcaldes salientes, en su momento, dio un leve acercamiento al problema: “obras inconclusas, pagaron a contratistas al ciento por ciento, y no las terminaron, los contratistas no han aparecido, sólo algunos; por deuda telefónica de 600 mil pesos nos quitaron el Internet, por esa causa dejamos de percibir al día un millón 200 mil pesos por impuesto predial, porque no podemos realizar los cobros”.
