El 2020 fue un año de extraordinarias dificultades en el contexto de la pandemia. Aunque la atención a la salud se convirtió en la máxima prioridad para todos, no es posible ocultar, pese a la insistencia de las autoridades federales de ir contra la realidad, la terrible crisis de inseguridad en el país. En este marco analizo algunos de los pendientes en materia de seguridad que definirán el año que arranca.
El 2020 fue el más violento en la historia reciente de México. De acuerdo a las últimas cifras disponibles, 32,759 personas fueron asesinadas en los primeros once meses del año pasado. La violencia homicida sigue siendo un pendiente de primerísima importancia que, en lugar de normalizar, el gobierno debe reconocer y atender. Para muestra del abandono que la seguridad tuvo para la administración federal, es que en lugar de realizar los cambios necesarios, premió al exsecretario de seguridad Alfonso Durazo, con una candidatura para el gobierno de Sonora.
Los feminicidios continúan incrementándose mes a mes. Este flagelo social debe atenderse no como un fenómeno aislado de criminalidad, sino como el resultado de una falta de políticas públicas abocadas hacia la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. No es moralmente aceptable seguir postergando una agenda integral de protección a las mujeres.
Otro gran pendiente es la atención a víctimas y el apoyo a familiares de desaparecidos, quienes dedican sus vidas a realizar una labor que el Estado se ha negado a asumir. Igualmente importante es la atención a los derechos humanos. Urge recuperar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cooptada por intereses políticos y envuelta en escandalosos casos de nepotismo e incapacidad. Su labor es más importante que nunca, considerando el previsible aumento en las violaciones a los derechos humanos, como consecuencia de la militarización del país -abiertamente promovida por el Presidente López Obrador. Lo vamos a seguir reiterando: las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, no están capacitadas para cumplir funciones policiales.
Debemos recomponer la agenda bilateral de seguridad con Estados Unidos en temas clave como migración, cooperación en seguridad y combate al crimen organizado, entre otros. Es urgente implementar una verdadera política de prevención del delito y acabar con el abandono de fiscalías y penales, que operan al límite de sus capacidades.
El rescate de las policías civiles es el reto máximo en seguridad. Es previsible que el desprecio e indiferencia de la federación hacia los cuerpos de seguridad estatales y municipales prevalezcan en lo que resta del sexenio. Ante este escenario debemos fomentar las agendas de seguridad locales en los próximos años. Para enfrentar los recortes presupuestales del Gobierno Federal, estados y municipios deben explorar nuevos esquemas de financiamiento que permitan a las policías operar de manera eficiente y avanzar en su profesionalización.
También deben fortalecerse las labores de investigación en las policías, así como fomentar el uso de nuevas tecnologías. Frente a la inacción y la falta de estrategia del Gobierno Federal, resulta necesario que los gobiernos locales, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía unamos esfuerzos en la búsqueda de soluciones al problema de la inseguridad. La seguridad es demasiado seria para que quede en manos de funcionarios con intereses políticos; es muy importante como para seguir apostándole a que en algún momento el Ejecutivo se dé cuenta que ha errado la estrategia. Debemos exigir al gobierno que pacifique al país como lo prometió.
Parafraseando a Soren Kierkegaard, la vida sólo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia adelante. Por eso, dejemos ir en paz el año 2020 para recibir con esperanza renovada, entusiasmo y energía el 2021. Que el próximo año seamos bendecidos con salud, paz y alegría.