El final de un ciclo usualmente requiere su evaluación y la formulación de las expectativas que el inicio de otro reclama. En este sentido, acaban dos ciclos. El periodo legislativo ordinario en el Senado de la República y el año calendárico. En ambos el balance presenta claroscuros.
Durante 2021, la pandemia de la covid-19 supuso un reto para las actividades legislativas en el Congreso de la Unión. Si bien lograron articular por distintas vías una mezcla de actividades presenciales y remotas, la “nueva normalidad” les permitió vislumbrar aquellos temas de orden administrativo y de procedimiento que es necesario actualizar.
Ello no solo en el afán de insertarse mejor en las nuevas dinámicas derivadas de la crisis sanitaria, sino también como parte de la revisión de las necesidades legislativas, por ejemplo, relacionadas con los derechos de las minorías integrantes de las Cámaras.
En el Senado, los partidos y miembros del bloque de contención se mantuvieron como una oposición firme. Ante el oficialismo y su agenda, fue posible en muchos casos articular una defensa razonada y argumentada de la inviabilidad de sus proyectos.
Por supuesto, estos legisladores también acompañaron algunas iniciativas y propuestas que han parecido sensatas, trabajando en pos del bienestar y la ampliación de derechos.
Vale la pena mencionar un par de referentes en torno a procesos que cruzan este año y el que viene. Por un lado, este año supuso una defensa de las instituciones democráticas construidas a lo largo de más de 30 años, ante la ofensiva frontal emprendida por el oficialismo, como fue las andanadas emprendidas contra el máximo órgano electoral, el INE.
Y es que en esta ocasión, Morena y aliados se valieron de su mayoría para aprobar una reducción en su presupuesto que pone en riesgo su funcionamiento óptimo; alterando el sano equilibrio que debe mediar entre el órgano electoral y el poder político.
No menor es vislumbrar que en 2022 se tendrá la renovación de gubernaturas en 6 estados de la República, más otros cargos locales. Los retos que supone son enormes, tanto para los partidos políticos como para los organizadores y ciudadanos.
En el caso de los primeros el desafío es presentar tanto un proyecto de gobierno atractivo y que atienda las inquietudes de la ciudadanía, así como candidatas y candidatos competitivos, con vocación y contacto con las y los ciudadanos. En el segundo caso se puede confiar en el profesionalismo del INE y los distintos organismos electorales locales; de las y los ciudadanos se espera siempre su compromiso con la democracia, superar la apatía y animarlos a participar.
Estas circunstancias presuponen un desafío y una oportunidad para la democracia en México, la cual se encuentra ante uno de sus mayores retos desde la apertura de 1997.
Los legisladores en su labor como agentes al servicio de la ciudadanía y los Poderes del Estado es lograr traducir las demandas ciudadanas en acciones y normativas en un contexto de fuertes libertades y valores democráticos. La tarea no es menor, más no imposible. El 2022 seguramente será un gran año para reforzar las convicciones.