La violencia y la inseguridad son problemáticas tan antiguas como la humanidad, pero su evolución y dinamismo demandan que para su combate y prevención se formulen nuevas soluciones, aunque también nuevas preguntas, para poder abordar el fenómeno de manera exitosa.
El feminicidio, la expresión más atroz de la violencia de género, es un crimen que en México —a pesar de haber sido el primer país en tipificarlo— demuestra que aún falta mucho por hacer para que el Estado garantice una vida libre de violencia a las mujeres.
La realidad es dolorosa, muchos feminicidios pudieron haberse prevenido, si el sistema de justicia operara realmente con una perspectiva de género efectiva.
En el Senado de la República, desde el inicio de la transición política que comenzó en 2018, todas las fuerzas allí representadas han trabajado para legislar con un enfoque de género que permita dotar al país de instrumentos legales efectivos, a fin de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, se debe aceptar que estos esfuerzos son insuficientes para atender un problema de semejantes proporciones.
Un feminicida, tal y cómo está tipificado en el Código Penal Federal, es quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Por un lado, esta definición deja en claro la condición de vulnerabilidad que las mujeres sufren en la sociedad por el simple hecho de ser mujeres. Por otro, presenta una problemática complicada, pues demostrar que el crimen se llevó a cabo por razones de género no es sencillo. Esta misma complejidad provoca, como lo señalan numerosos estudios, que la cifra negra de feminicidios sea muy alta.
Ambos factores deben ser atendidos. Es necesario plantear nuevas soluciones y preguntas para, en primer lugar, cambiar la cultura machista que impera en nuestra sociedad y, en segundo, generar las condiciones legales para empoderar a las mujeres, alejarlas del peligro y la vulnerabilidad con que conviven y que enfrentan todos los días. Además, se tiene que replantear la manera en que esos delitos son investigados y perseguidos; la perspectiva de género debe ser la brújula.
Se trata de un esfuerzo que necesariamente debe ser coordinado y en el que a las entidades federativas les corresponde hacer lo propio para poder identificarlo y sancionarlo en forma adecuada. Solo para ejemplificar la magnitud de este reto, se debe retomar un dato señalado por Saraí Elizondo, analista del CIDE: el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un total de 14 feminicidios en Michoacán en 2020, en contraste con la cifra de 191 feminicidios que denunciaron diversas colectivas feministas.
Se deben redoblar esfuerzos para que las futuras generaciones de mujeres puedan tener una vida realmente segura, libre y plena.
Dentro de algunos días, el 25 de noviembre, se conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En México, será sin duda un recordatorio del largo camino que aún se debe recorrer en la materia.