La creación mediante la reforma constitucional publicada el 22 de agosto de 1996, del IFE autónomo, no fue únicamente una modificación al diseño del Estado mexicano: fue la culminación de una larga conversación nacional sobre la confianza, la legalidad y el valor del voto.
Toda democracia madura aprende que la imparcialidad electoral no puede depender de la buena voluntad de las y los gobernantes. Debe descansar en instituciones cuya legitimidad provenga de la Constitución y cuya actuación esté protegida de las fluctuaciones de la política.
La autonomía del IFE respondió precisamente a esa convicción: el Estado mexicano decidió que la organización de las elecciones debía dejar de ser una atribución susceptible de sospecha para convertirse en una función constitucional ejercida con independencia, autonomía, profesionalismo y transparencia.
Aquella reforma no surgió de la improvisación; fue el resultado de décadas de exigencias ciudadanas, de sucesivas reformas electorales, de negociaciones políticas complejas y del aprendizaje colectivo derivado de momentos que pusieron a prueba la credibilidad del sistema electoral entero.
Los años siguientes confirmaron la profundidad de esa decisión. Bajo la conducción del IFE autónomo fue posible organizar elecciones cada vez más competitivas, garantizar alternancias políticas pacíficas.
La transformación constitucional de 2014, que dio origen al Instituto Nacional Electoral (INE), no rompió esa historia; la proyectó hacia una nueva escala. El cambio de nombre y de atribuciones respondió a un federalismo electoral renovado, pero preservó intacta la esencia del modelo.
Como toda institución democrática, el hoy INE ha enfrentado cuestionamientos, presiones y desafíos inéditos. Esa circunstancia es inherente a su naturaleza. Los órganos encargados de arbitrar la competencia política difícilmente escapan a la controversia.
Sin embargo, su fortaleza no radica en evitar el disenso, sino en sostener, frente a él, la vigencia de los principios constitucionales que les dieron origen.
30 años después de aquella reforma fundacional, la mayor contribución del entonces IFE y del actual INE no puede medirse únicamente por el número de elecciones organizadas ni por la complejidad de los procesos administrados.
Su verdadera obra consiste en haber convertido la confianza ciudadana en una política de Estado y en haber demostrado que la democracia también se construye desde la discreción cotidiana, profesionalismo e independencia.
El porvenir presenta desafíos distintos: la paridad total, la revolución tecnológica (y el voto electrónico), la inteligencia artificial, una colegialidad interna renovada, la desinformación, la polarización, la fiscalización de ingresos y egresos de los sujetos obligados y el blindaje de las elecciones a la intervención del crimen organizado, la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres, la garantía de nuevos derechos políticos y electorales y nuevas formas de participación política como las consultas populares, las revocaciones de mandato y las elecciones judiciales, exigirán capacidades institucionales renovadas, oficio republicano y vocación democrática; pero los principios que inspiraron la reforma de 1996 permanecen vigentes.
Mientras el INE continúe honrando la trayectoria que comenzó con la autonomía constitucional del IFE, una trayectoria de lealtad irrestricta a la Constitución, de compromiso con la legalidad y de servicio a la democracia mexicana, podrá mirar el futuro con confianza y optimismo.
