El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, acusó al líder del llamado Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, de anteponer intereses políticos a la educación de los niños, tras la oferta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de que si ganan la gubernatura en Oaxaca, se “recuperará” el Instituto Estatal de Educación Pública.
Ese partido político y su dirigente “prefieren y anteponen el poder y hacer un pacto con facciones que representan al viejo sistema”, dijo ayer el secretario.
Hay que recordar que el cortejo de ese dirigente partidista no es de ahora, sino que de tiempo atrás ha intentado atraer con diversas ofertas a la Sección XXII, con el fin de incorporar a sus miembros a la estructura militante de ese partido. El año pasado sufrió un supuesto desaire público por parte de esa estructura gremial, que argumentaba impedimentos de tipo estatutario sindical.
Connivente persistente, ha estado insistiendo con ofertas, pero el ofrecimiento de devolver el Instituto Estatal de Educación Pública al control de una caterva de conocido perfil, llega al límite de lo creíble, sobre todo cuando se ha dado a conocer en qué consistía ese poder y para qué se utilizaban esos controles que fueron recuperados por el estado.
Como se recordará, en julio del año pasado, por decreto se disolvió el Instituto para crear uno nuevo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Este organismo estatal, antes del decreto, pagaba alrededor de 60 millones de pesos de los que nadie explicaba destino. El año pasado fue objeto de un diagnóstico: Dispersión en funciones, improvisación en algunas áreas, desubicación de recursos humanos y materiales, opacidad y estancamiento institucional, fueron algunas observaciones.
Por ejemplo, un exdirigente de la Sección 22 y excandidato de Movimiento de Regeneración Nacional a diputado federal por el Distrito 4, estaba en la nómina de la SEP hasta enero de 2015, como comisionado, percibiendo un salario de 96 mil pesos mensuales, sin que desempeñara función educativa alguna. Pero los pagos irregulares ascienden a más de 60 millones de pesos en salarios de maestros, incluso unos que radican en el estado de Nuevo León.
Hay “más de 60 millones de pesos en nóminas que no se explican; incorporan trabajadores de Nuevo León, por ejemplo, que nada tienen que estar haciendo en la nómina de Oaxaca, o de jubilados y pensionados, y el IEEPO no paga a jubilados ni pensionados”, dijo en una entrevista el titular.
De los 81 mil trabajadores que en su momento “reconocieron” la Sección 22 y el gobernador actual, se decía que hasta 2013, sólo había 52 mil 065 maestros. Por su parte, la SEP aceptaba y “reconocía” hasta a 67 mil 408 maestros, entre comisionados y trabajadores no docentes.
Ante la falta de cumplimiento en la atención “se requiere fuerza en las áreas y por eso se incrementarán los niveles de transparencia, ya que se pretende que se quite el estigma que tiene el IEEPO de caja chica, por lo cual se transparentará todo”, se prometía hace ocho meses.
A finales del año 2014 supuestamente pretendían impulsar acciones para mejorar los servicios de educación a más de un millón de niñas, niños y jóvenes que cursan estudios de nivel preescolar, primaria y secundaria en 14 mil 479 escuelas de Oaxaca.
Después se reconoció que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación “cuenta con 200 maestros comisionados, es decir, que cobran salario sin realizar actividades frente a grupo, además de quienes supuestamente prestan servicios en los gobiernos municipales, estatal y federal, partidos políticos, Congreso del estado y hasta en organizaciones sociales”. Esto lo dijo el propio director general del ahora extinto Instituto.
