La bandera del gobierno federal es el combate a la corrupción, desde su campaña AMLO manifestó su compromiso por combatirla. Además, afirmó que el Estado ya no viola los derechos humanos y que hoy existe un verdadero Estado de Derecho. Según datos de Transparencia Mexicana, a 11 meses del inicio del gobierno federal, aumentó la percepción ciudadana de que el Estado es más efectivo en combatir este fenómeno ¿la percepción va de la mano con hechos concretos de combate a las varias formas de corrupción?
No podemos afirmar que haya evidencia de una mayor capacidad del Estado por combatir la corrupción, es más, podemos decir que hay una mayor impunidad en cuanto a la aplicación de la ley y que esta obedece al interés de favorecer a ciertos grupos de presión. Tomemos como ejemplo el caso ocurrido a principios de este mes, donde normalistas del Estado de México privaron ilegalmente de la libertad a 92 chóferes particulares y despojaron a una empresa de varios camiones de transporte, para exigir plazas de maestros. El pasado miércoles 9 de octubre, el Presidente habló sobre este caso asegurando que, una vez que la autoridad federal se había involucrado, se había resuelto y que habrían de revisar posibles infracciones derivadas de las acciones de los normalistas.
¿Se equivocó el presidente en el uso del término o hubo una intención específica de minimizar el hecho? Dado los beneficios que los normalistas obtuvieron, todo apunta a que el presidente quiso distraer la mirada de un grave hecho delictivo para hacerlo percibir como un hecho no grave.
Hasta el momento no hay información que permita entender que este delito será perseguido como lo que es, un secuestro. Tampoco queda claro si la FGR ha hecho uso de su facultad para atraer e investigar el caso, o si se inició la Carpeta de Investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En términos de transparencia y rendición de cuentas es importante saber qué autoridad está investigando el caso.
Lo podremos confirmar una vez que sean presentados los datos oficiales de incidencia delictiva del mes de octubre —el próximo 20 de noviembre—; si la carpeta se inició en el Estado de México, y no hay anuncio de que la FGR haya atraído el caso, la estadística oficial del Estado de México deben aparecer por lo menos 92 víctimas de secuestro en el mes de octubre. Si no sucede así, podremos afirmar que la autoridad nunca inició las investigaciones por este hecho bajo el tipo penal que corresponde y por ello violó los derechos de las víctimas al impedirles su acceso a la justicia y se hizo acreedora a algún tipo de sanción.
Cuando una autoridad protege a delincuentes que obtuvieron un beneficio al haber privado de la libertad a por lo menos 92 víctimas, también está favoreciendo la corrupción. Esta es una de las evidencias que pone en duda el compromiso del presidente y su gobierno de combatir el principal flagelo que una y otra vez ha usado como bandera: la corrupción. El presidente al apostrofar un grave hecho delictivo como infracción manda un mensaje que revierte todas sus promesas, falta a su palabra, falta a sus compromisos, socava la ley, vulnera los derechos de las víctimas, favorece la corrupción y sienta un precedente para que otros puedan privar de la libertad a muchas personas con el fin de obtener un beneficio.