Del patrimonio cultural, catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que resultó dañado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, alrededor de 200 inmuebles —de un total de 2 mil 500— aún no es atendido, dado que Seguros Banorte “no quiere pagar bienes que no son propiedad federal”, dijo en una reciente entrevista Arturo Balandrano, titular de la Dirección General de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura.
En un inicio habían sido contabilizados 2 mil 340 inmuebles con daños severos, moderados o menores; pero a 18 meses de los eventos telúricos, alrededor de 200 palacios municipales y estatales o inmuebles de propiedad particular no habían sido contabilizados ni atendidos. Balandrano informó que esa situación era por “muchas razones, por el tamaño de la tragedia y las reglas del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)”.
El titular de Sitios y Monumentos hizo esa declaración el 15 de febrero en entrevista con El Universal; un mes después, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, dijo que lo de los seguros ya se había “destrabado” y que ahora trabajan en la conformación de expedientes para un informe, aunque no dio una fecha para terminar la reconstrucción, pues “hay un replanteamiento de varios de los criterios” para realizar los trabajos.
Balandrano informó que Frausto instalará un comité “que será la autoridad máxima del programa de Reconstrucción para definir a quién se le da dinero y con qué prioridad”; sin embargo, ese consejo tampoco ha sido presentado.
Balandrano precisó que entre los 200 inmuebles sin atención estaban los palacios municipales de Juchitán (Oaxaca) y los de Jojutla y Tlayacapan (Morelos).
El 7 de septiembre de 2017, en el Istmo de Tehuantepec se registró un terremoto de 8.2 grados que afectó patrimonio cultural en Juchitán, por lo que autoridades de ese municipio indagan aún si el palacio municipal cuenta con un seguro para casos de desastre, de acuerdo con el presidente municipal Emilio Montero Pérez (Morena). El ala sur del inmueble se desplomó.
Hasta el momento, señaló Montero, las autoridades municipales están en espera de que el INAH emita un dictamen sobre las condiciones del inmueble construido en 1860 y que tras el terremoto fue apuntalado con polines de madera, por lo que por ahora nadie despacha en el edificio que presenta cuarteaduras tanto en la planta alta como en la baja.
El Universal solicitó información a la Secretaría de Cultura e INAH sobre los seguros, pero no hubo respuesta.
