A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno Federal presentó un informe del avance de la investigación que fue replanteada, la cual no ha tenido resultados positivos.
Portando playeras alusivas a los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, encabezaron una conferencia de prensa en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).
Alejandro Encinas resaltó que este gobierno ha realizado ocho operativos a lo largo de 48 días en cinco municipios: Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco.
Se han revisado 180 puntos en distintas regiones y más de 120 puntos de búsqueda en donde no ha habido positivos.
También se revisaron alrededor de 80 millones de registros de llamadas telefónicas.
“La única verdad es que no hay verdad alguna”, dijo Encinas.
Sostuvo que hay certeza de cómo se realizó el operativo de los grupos delictivos y en ningún momento hubo contacto por parte de estudiantes con los grupos delictivos o alguno de sus integrantes.
Los buscan en cuatro municipios
El Gobierno Federal ha lanzado operativos de búsqueda en los municipios de Iguala, Huitzuco, Eduardo Neri y Tepecoacuilco, e identificado 200 “puntos de interés” derivados de los trabajos de la FGR.
La Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa sigue 10 líneas de investigación, entre ellas las relacionadas con los policías municipales de Huitzuco, la omisión de la Policía Federal, la participación de estatales y ministeriales de Guerrero, la responsabilidad del exgobernador Ángel Aguirre y el trasiego de droga del grupo Guerreros Unidos en la ruta Iguala-Chicago.
Félix Santana, director de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advierte que si se concreta la libertad de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, se “perdería información vital” del caso.
Familiares de los 43 estudiantes afirmaron que están más cerca de la verdad que de la justicia.
Expolicías acusados podrían ser liberados
En los próximos días un tribunal federal podría ordenar la liberación de 12 ex policías municipales de Cocula e Iguala, Guerrero, involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó invalidar las pruebas que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) reunió en contra de los ex policías municipales: Miguel Ángel Ríos Sánchez, Osvaldo Ríos Sánchez, David Cruz Hernández, Abraham Julián Acevedo Popoca, Jesús Vargas Rodríguez, Manuel Vázquez Chávez, Raúl Javier Crespo, Carlos Canto Salgado, Israel Dayán Arroyo Mendoza, Juan Carlos Beltrán Cruz, Ubaldo Toral Vences y Miguel Arias Topete.
La sentencia, emitida el pasado 28 de agosto, ordenó al Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas que valore si las confesiones de los exmandos sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, fueron obtenidas mediante tortura cometida por elementos de la Policía Federal y las Secretarías de Defensa Nacional y Marina.
El Universal informó que los hermanos Miguel y Osvaldo Ríos Sánchez, alias “el Pozol” y “el Gordo”, respectivamente, declararon que los estudiantes fueron asesinados y posteriormente llevados a una fosa en la colonia Pueblo Viejo, ubicada entre Cocula e Iguala; sin embargo, ambos alegaron haber sido víctimas de tortura.
Otro de los declarantes que alegó haber sido torturado fue Carlos Canto, quien supuestamente reveló que los estudiantes fueron llevados a Mezcala.
Por ello, el Colegiado ordenó la realización del Protocolo de Estambul por peritos independientes a la FGR para determinar si realmente fueron torturados y qué declaraciones serán eliminadas del expediente por haber sido obtenidas mediante la comisión de este delito.
“Atendiendo al referido Protocolo de Estambul, los dictámenes deberán ser practicados por peritos que no pertenezcan a la institución ministerial, a las procuradurías estatales, o alguna otra de las dependencias a cuyo personal se atribuyen los actos de tortura (Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina Armada de México, entre otras)”, indicó el resolutivo.
El Colegiado también ordenó volver a analizar si los expolicías fueron detenidos legalmente o, de lo contrario, podría dictar su libertad inmediata pues permanecen presos en Nayarit.
Según la sentencia, al momento de ser presentados ante el ministerio público, luego de su detención, los expolicías presentaban diversos golpes en clavícula, pecho, cara, oídos, costillas y espalda; así como excoriaciones en las muñecas, los dedos de los pies, abdomen y brazos.
