El ganadero Isael Santiago fue uno de los indígenas chontales de la costa oaxaqueña que firmó una petición dirigida al gobierno el 30 de marzo de 2019, cuando se realizó la consulta sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
En ella pidió que se mejorara el servicio eléctrico en su comunidad y que se cuente con concesiones para perforar pozos para riego.
En esos días, a finales de marzo de 2019, el 30 y 31 de ese mes hubo siete procesos de consulta a habitantes de pueblos originarios, convocados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Dicho ejercicio, impulsado por el Gobierno Federal y en el que participaron dos mil 734 personas, sirvió para avalar el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que tiene como espina dorsal al corredor industrial que se pretende levantar entre dos océanos.
Desde entonces, tres meses antes de que se creara en junio de 2019 el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), las demandas de los pueblos chontales, zapotecos, ayuujk, ikoots, zoques y chinantecos, que pertenecen a la franja istmeña, esperan respuestas; han pasado dos años desde entonces.
En las consultas indígenas sobraron reclamos contra el pésimo suministro de electricidad, así como exigencias para apoyar a sectores como el campo, la salud y la educación.
Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, acepta que a más de dos años muchas de las peticiones aún no tienen respuestas y asegura que se debe a que la pandemia obligó a la suspensión de las asambleas y mesas de trabajo, donde se revisarían cada una de las demandas con las autoridades federales involucradas.
