Los recientes casos de abandono de bebés no son situaciones aisladas, sino un reflejo de la crisis de abandono infantil que se ha incrementado en los últimos años en el país y de la falta de voluntad gubernamental para garantizar los derechos de la infancia y atender la maternidad vulnerable.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el país cada año se presentan 100 casos de abandono infantil. La mayoría de ellos se han registrado en el Estado de México, seguido por la Ciudad de México y San Luis Potosí.
Sin embargo, los bebés no son los únicos afectados por el abandono infantil. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en concordancia con los Registros de lesiones 2010-2023 que ha publicado la Secretaría de Salud, mil 239 personas de 1 a 17 años fueron atendidas en hospitales de México durante 2023 por abandono o negligencia, lo que significó un incremento de 592.2 % con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas por el mismo motivo en 2010 a lo largo del país.
A decir de la Redim, el abandono y la negligencia afectan mayormente a las niñas y mujeres adolescentes, que representaron el 77.3 % de las víctimas de esta forma de violencia reportadas durante 2023. Los hombres de la misma edad contaron por el 22.7 % de los casos.
Además, las personas adolescentes de 12 a 17 años eran más afectadas por esta forma de violencia, contando por el 67.1 % de las víctimas de entre 1 y 17 años. Sin embargo, niñas, niños y adolescentes de todas las edades eran víctimas de abandono y negligencia, tal era el caso de las niñas y niños de 6 a 11 años, que representaban el 21.3 % de las víctimas, y las niñas y los niños de entre 1 y 5 años, en quienes se concentraba el restante 11.6 %.
En adición, del total de las víctimas de abandono y negligencia reportadas en México durante 2023, 35 eran indígenas y 30 tenían alguna discapacidad.
El aumento del abandono de la infancia y adolescencia refleja por un lado, una crisis de la garantía de los derechos de la infancia y, por otro, que las políticas públicas y los programas sociales que implementan tanto el Gobierno Federal como los estatales no son suficientes para reducir las causas estructurales que, en el fondo, empujan a los padres, en su mayoría jóvenes, a abandonar a sus hijas e hijos.
Porque más allá de la irresponsabilidad materna y paterna injustificable, el abandono infantil se origina en un contexto complicado por la ausencia de una educación sexual adecuada, la violencia social y familiar, falta de oportunidades de empleo y salario digno, dificultad para acceder a servicios de salud; así como la pobreza, estigmatización y, en general, la escasez de oportunidades para sostener a una familia en condiciones dignas.
De tal manera que, frente al incremento del abandono infantil, hay que ir más allá de la incriminación legal y social contra las y los padres, y revisar dónde estamos fallando como núcleo familiar y social y en detectar las inconsistencias de la política pública para atender las causas de fondo que la originan. Porque el Estado no puede ser omiso en su responsabilidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
