La Secretaría de Bienestar calificó como „una aberración inaceptable“ la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien afirmó que la decisión del Gobierno Federal de cancelar el programa de Estancias Infantiles vulneraba los derechos de niños, padres de familia así como responsables de las guarderías.
En respuesta a la recomendación 29/2019 emitida por la CNDH el 10 de junio, Bienestar aseguró que no se viola ningún derecho de la niñez mexicana y en cambio, acusó que la Comisión durante „el periodo autoritario neoliberal“ en lugar de defender a la población de atrocidades cometidas por autoridades, „se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticia, corrupción y privilegios”.
“Por eso resulta una aberración inaceptable que por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados, dicha dependencia emita una recomendación dirigida a nuestro gobierno en que defiende violaciones a derechos humanos y la corrupción en perjuicio de niñas, niños, padres y madres de familia en las llamadas estancias infantiles, promovidas por particulares, la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional“.
Acusó que la CNDH tampoco actuó con independencia y que nunca exigió justicia en hechos ocurridos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, „quien dejó sin castigo los crímenes de Tlatlaya, Tanhuato, y se esmeró en ocultar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de innumerables casos de violación a los derechos humanos por parte de las autoridades del Estado mexicano“.
Bienestar apuntó que „es el colmo“ que apenas se hayan cumplido 10 años de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora -en el que aseguró que la CNDH nunca hizo nada efectivo para hacer justicia- „y ahora ésta misma institución defiende el mismo modelo privatizador de subrogación de servicios a particulares que incumple mandato constitucional, según el cual, corresponde al Estado mexicano garantizar la seguridad social“.
La secretaría indicó que en el censo hecho por la propia dependencia, sólo se pudieron localizar 213 mil 437 infantes, de los 310 mil 617, es decir no se pudo localizar a 97 mil 180 infantes, por lo que “aceptar esta recomendación implica seguir permitiendo el robo de mil 49 millones de pesos del erario”.
