Ante diversas declaraciones de los presidentes de la República actual y electa, y de legisladoras y legisladores, donde señalan que las reformas constitucionales se empezarán a discutir pronto, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, se dijo abierto al diálogo en el proceso de discusión y dictaminación de la reforma al poder judicial y otras iniciativas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estamos hablando de diversas reformas constitucionales y de leyes secundarias que plantean cambios sumamente profundos para nuestro México, por lo que es indispensable que se escuche la voz de todas las fuerzas políticas por igual, así como a expertas y expertos, y a la sociedad civil”, advirtió.
A través de un comunicado de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que, de darse un parlamento abierto en la materia, el ejercicio debe de ser democrático, libre, y transparente, “y que sus conclusiones verdaderamente sean tomadas en cuenta para los proyectos finales de dichas reformas”.
Romero Herrera aseguró que en Acción Nacional analizarán a fondo cada reforma y van a apoyar aquello que sea benéfico para el país, y que van a rechazar las propuestas que consideren regresivas y nocivas, “sin importar de quién vengan”.
Adelantó que la reforma judicial tal cual está planteada, el PAN no la acompañará, sin embargo, enfatizó que están “abiertos al diálogo para fortalecer al poder judicial”.
Respecto a la encuesta nacional que anunció Morena para conocer la opinión de la ciudadanía sobre las reformas al Poder Judicial propuestas en el “Plan C”, advirtió que resulta peligroso para la democracia que el partido oficialista realice encuestas sin una metodología clara y que lo expresen como la voz del pueblo.
Por lo anterior, hizo un llamado al oficialismo a velar por el bien de México y a no debilitar al Poder Judicial.
Encuestas
El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, advirtió que las encuestas que se realizarán este fin de semana para consultar a la ciudadanía sobre la reforma al Poder Judicial son una total simulación para justificar la “perversa” iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Continúa el circo, Morena y teatro con esto de las encuestas, es una tomada de pelo más que van a consultar a la gente respecto a una reforma al Poder Judicial. Lo que buscan es validar la decisión que ya tienen tomada de controlar al Poder Judicial”, denunció.
En un comunicado, alertó que “podríamos pasar de tener un fiscal carnal a tener jueces carnales y esto será muy peligroso, similar a la encuesta que se hizo en el aeropuerto de Texcoco”.
Marko Cortés propuso que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, profesionalice los ministerios públicos porque no integran de forma adecuada las averiguaciones previas y por eso terminan saliendo de la cárcel los delincuentes. “Que haga un análisis de derecho comparado con otros países para ver dónde funciona mejor el Poder Judicial, escuchar a las barras de abogados, universidades y académicos”.
Sin definición de la metodología que se aplicará, el costo, sin participación de expertos, criticó, Morena realizará sondeos sin ningún valor jurídico, solo político, que seguramente reflejarán una decisión manipulada, que hará eco de los constantes ataques del gobierno en contra de ministros, magistrados y jueces.
“El presidente todos los días acusa que hay intereses detrás de los jueces, que están controlados, que son corruptos, es previsible que sus seguidores voten en consecuencia. Pero estas encuestas las organiza y presenta Morena, un partido político, ni siquiera es la autoridad electoral, por lo que no tienen ninguna validez y es lamentable que esta sea también la confirmación, en el caso de que se valide su elección, la forma en que va a gobernar Claudia Sheinbaum”, condenó.
El líder nacional del PAN aseguró que si bien la participación de la ciudadanía es esencial para la democracia, el que elijan directamente con su voto a ministros, jueces y magistrados ocasionaría una politización extrema en el Poder Judicial, porque las y los candidatos serían electos no por su experiencia, trayectoria o conocimientos jurídicos, sino por acuerdos con los diferentes grupos de interés, en el mejor de los casos, por su popularidad o afinidad política.
“Beneficiarían con sus sentencias a quienes los apoyaron en sus campañas electorales y perjudicarían a quienes apoyaron a sus adversarios. El apoyo popular condicionaría sus decisiones, puede convertirse en una herramienta más para proteger a afines y perseguir a opositores y precisamente el distintivo del Poder Judicial ha sido su independencia, autonomía y el único que ha generado contrapesos y equilibrios en el país”, enfatizó.
Por ello, el dirigente del PAN adelantó que Acción Nacional votará en contra de todo aquello que vulnere la democracia, las instituciones y los contrapesos de Poder.
“Desde Acción Nacional, desde nuestros gobiernos, pero sobre todo desde la tribuna del Congreso de la Unión, defenderemos la Constitución, las instituciones y a México”, recalcó.
Reforma de AMLO solo busca concentración del poder
El coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, afirmó que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador afectaría la independencia y autonomía de dicho poder, así como el riesgo de que no se cumpla la ley.
“¿Creen que el elegir a los jueces entre la población va a garantizar que la corrupción se acabe en el Poder Judicial? Me parece que esa no es la forma, yo creo que habrá formas de poder lograrlo, porque, a ver, no estoy negando que haya corrupción en el Poder Judicial; lo que estoy afirmando es que no es la solución a través de una elección popular para estos puestos, para que esto se pueda acabar. Además, generaría un riesgo en su independencia y autonomía y no se garantizaría que los jueces cumplan de manera imparcial y objetiva el impartir justicia”, explicó.
Rementería del Puerto destacó que el objetivo que ha repetido el presidente sobre su reforma de mejorar la independencia y eficiencia del Poder Judicial, así como el combate a la corrupción, no tiene el suficiente sustento.
“No existe una completa garantía de que una reforma en sí misma acabará con la corrupción. Mejor que se planteen medidas para fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción, mejorar las áreas para investigar, enjuiciar y sancionar casos de corrupción, o incorporar mecanismos para una mejor transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia por parte de los funcionarios públicos, incluidos los jueces y magistrados, entre otros métodos para combatir y acabar con la corrupción, si esto es lo que se quiere”, indicó.
El legislador destacó que con la elección popular de magistrados se puede caer en el ejercicio que han hecho otros países como Bolivia, Israel o Turquía, donde los jueces y magistrados son elegidos popularmente, no con el objetivo de que la justicia funcione correctamente, sino para conseguir que el gobierno no enfrente ningún control constitucional en sus decisiones.
“En Bolivia, fueron los ministros electos popularmente quienes determinaron que el expresidente Evo Morales pudiera presentarse a una segunda reelección, aun estando esto prohibido en la Constitución de ese país. En Israel, la propuesta generó tal cantidad de protestas masivas en las calles que prácticamente concluyen con la dimisión del primer ministro. Es un modelo que sólo ha demostrado que funciona, pero para el poder en turno, porque ha limitado el equilibrio de poderes y la independencia de la judicatura”, agregó.
Asimismo, señaló que la propuesta de someter a votación popular el nombramiento de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por parte del presidente López Obrador es una simulación y demagogia pura del partido oficialista.
“Permitir que el voto popular influya en el proceso de selección de ministros de la Corte nos podría llevar a decisiones basadas en consideraciones políticas o partidistas en lugar de criterios objetivos y respetando nuestra Constitución, sin duda esta acción podría minar la calidad y la imparcialidad de las decisiones judiciales”, concluyó.