El debate sobre el aborto ha demostrado en todo el mundo la explosividad suficiente para dividir por la mitad a sociedades completas, las que han caído en una profunda grieta causada por una mezcla envenenada de convicciones religiosas, estudios médicos y el ejercicio de un derecho por parte de las mujeres.
En regiones completas del mundo —con claros manchones de rechazo al tema—, un sector sustantivo de mujeres, y de hombres convencidos de ello, ha logrado abrirse paso a fuerza de imponer reclamos largamente pospuestos en materia de libertades y demostrar la tragedia que ha representado siempre la tragedia de la interrupción del embarazo en condiciones de clandestinidad.
La determinación de la Corte mexicana, apenas la semana pasada, al establecer que el aborto temprano no es una conducta criminal; derogar las leyes estatales que se oponen a ello, y disponer la liberación de toda mujer encarcelada por ese motivo, atrae ya una batalla cuyas dimensiones pueden ser imaginadas a raíz de la experiencia internacional, pero que en las actuales condiciones entre nosotros no hará sino alentar niveles de polarización que quizá no hayamos visto en la historia moderna del país.
Lo ocurrido en otras naciones debe llevarnos a imaginar la eventualidad de una rebelión en los estados del centro y norte, más conservadores y observantes del catolicismo, así como de sus universidades públicas, que podrían mostrarse renuentes a formar y capacitar al ahora muy escaso personal de salud que deberá dotar de esta opción a mujeres que se vean obligadas a tomar esta alternativa.
La propia Corte, bajo la conducción del ministro Arturo Zaldívar, suspendió la votación sobre una derivación central en esta agenda: el reconocimiento o no del derecho de médicos y otro personal de salud en materia de objeción de conciencia para negarse a proveer la atención necesaria a un aborto seguro y accesible a aquellas mujeres que lo reclamen dentro del periodo que prevé la sentencia del máximo tribunal. Una ley aprobada ya en la ciudad de México (2007) y en Oaxaca (2019).
En la sesión anterior, cuatro ministros y ministras (Zaldívar entre ellos) no validaron dicha objeción de conciencia, y cuatro más la respaldaron. Faltaron tres votos, cuya emisión fue pospuesta al menos una semana, lo que pudo haber supuesto un cálculo sensato para estudiar las implicaciones de lo que ya es cosa juzgada.
Al quitar el carácter criminal al aborto temprano, la Corte de Argentina, por ejemplo, atrajo una cascada de recursos legales en contra, en particular de médicos y enfermeras que se anticiparon a alegar la referida objeción de conciencia para no practicar este tipo de procedimientos.
En no pocos países ha sido necesario que el Estado defina en cuáles hospitales públicos se otorgará este servicio; capacite al personal que estará a cargo y extienda otros muchos apoyos necesarios a las pacientes y sus cercanos. Se habrá de ver de pronto el tamaño del desafío que supone, para todos, este indudable avance en el clima de libertades, aunque para otros no es visto de esa manera.