El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga al ministro en retiro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y a excolaboradores cercanos, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) al presionar, amenazar, extorsionar y prometer beneficios económicos y políticos a jueces y magistrados para que resolvieran casos en beneficio de intereses personales y de terceros, entre 2019 y 2022.
Derivado de una denuncia anónima, presentada el pasado 9 abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó la indagatoria correspondiente en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, a la que le otorgó las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para deslindar responsabilidades de carácter administrativo.
Como titular del CJF, entre 2019 y 2022, Zaldívar Lelo de Larrea presuntamente se confabuló con el exconsejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, para atentar contra la autonomía del PJF y de los jueces y magistrados.
Según la denuncia con el folio 2687, el titular de la Corte ejerció presión sobre jueces y magistrados a través de su exsecretario general de la presidencia del CJF, Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, y para ello prometieron beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero.
De acuerdo con la denuncia, el exfuncionario operaba un “sistema corrupto” consistente en citar en el piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, para presionar y exigir a jueces y magistrados federales que resolvieran en favor de asuntos de interés del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometiéndoles beneficios políticos y económicos.
Los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, quienes llevaron los casos del aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del proyecto de Texcoco, fueron contactados vía telefónica por Zaldívar y Carlos Alpízar para amenazarlos, señala la denuncia. En tanto, Edgar Manuel Bonilla del Ángel es acusado de cometer delincuencia organizada en su calidad de titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, debido a que utilizaba la institución con fines personales.
Al exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, se le señala de “presionar a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses”.