Con un total de 2 mil 681 víctimas de homicidio doloso y de feminicidio, se confirmó que abril es el mes más violento del año, en el que se cometieron 89 asesinatos diariamente en el país, según las cifras dadas a conocer ayer martes por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Las muertes intencionales en el país se dispararon 7.7 %, al pasar de 2 mil 489 en marzo a 2 mil 681 el mes pasado.
Desde mayo del año pasado no se registraban más de 2 mil 600 asesinatos en un mes, según las más recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sin embargo, la titular de la SSPC presumió en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador una disminución del 20 % en el delito de homicidio doloso desde el inicio del sexenio en 2018, que acumula más de 180 mil asesinatos.
Rodríguez Velázquez recalcó que seis entidades del país concentran el 45.9 % de las 9 mil 776 víctimas de homicidio doloso registradas de enero a abril de 2024.
En números absolutos, Guanajuato continúa a la cabeza con mil asesinatos de enero a abril, seguido de Baja California con 817, Estado de México con 813, Chihuahua con 658, Jalisco con 602, y Morelos con 597.
SSPC exhibe a juez
Así también, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, se lanzó en contra del juez Juan Fernando Alvarado López, juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas, por haber concedido dos suspensiones definitivas a favor de Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, para que no sea detenido por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, también para evitar que pierda sus derechos político-electorales.
En la sección de “Jueces que favorecen a presuntos delincuentes” del informe de Cero Impunidad, el subsecretario detalló que el pasado 25 de abril, el juez Alvarado López concedió una suspensión definitiva a favor del exgobernador para que no se ejecute una orden de aprehensión que hay en su contra por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de “lavado” de dinero y por defraudación fiscal.
Indicó que otro de los efectos de la suspensión es para que García Cabeza de Vaca no pierda sus derechos político-electorales y que no sea declarado prófugo de la justicia.