La bancada de Morena ya tiene listo el predictamen por el que se propone eliminar a siete órganos autónomos y entes reguladores. Lo anterior a pesar de que la Comisión de Puntos Constitucionales acordó que sería hasta el 15 de agosto cuando iniciaría el proceso de dictaminación de la iniciativa en materia de simplificación administrativa.
El predictamen que ya circula al interior de la Cámara de Diputados, confirma la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), así como los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El proyecto sostiene que lo que se busca es racionalizar los recursos públicos, así como promover la austeridad y la no duplicidad de funciones, a fin de erradicar las desigualdades sociales.
“En México los órganos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democrática, pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para ‘descentralizar’ a la Administración Pública Federal (APF) mexicana”, señala el texto.
Como ejemplo, asegura que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) comenzó a dar permisos de generación eléctrica a los particulares “de manera irresponsable y desordenada, poniendo en riesgo las redes de transmisión y del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.
También se explica que desde su creación y hasta 2024, se les ha asignado a los organismos que se pretenden extinguir la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y, en la mayoría, se ha presentado un incremento anual en su presupuesto.
También se sostiene que la extinción de los órganos constitucionales autónomos del proyecto de decreto “no transgrede las obligaciones de México, establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC”, toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.