Han transcurrido 18 años del asesinato de 45 personas en la comunidad de Acteal, Chenalhó. Sobre el hecho se ha derramado mucha tinta y se han escalado muchas estrategias para utilizarlo, interpretarlo o describirlo.
Con base en el trabajo periodístico en la Región Altos, para muchos chiapanecos era evidente que de tiempo atrás había un conflicto en esa región, derivado de una insurgencia que afectaba el equlibrio regional de fuerzas creado por los dirigentes tradicionales.
Pero además, concurrían otros grupos y organizaciones no gubernamentales, ajenos a las comunidades, que realizan trabajo político, social y confesional.
De acuerdo con esa perspectiva, ciertamente limitada del periodismo, resultaba no obstante evidente que los liderazgos regionales autóctonos estaban siendo desafiados –los que fueron atacados incluso con saldo de muertos– hechos registrados por la prensa estatal y citados en el Libro Blanco de Acteal, el cual, vale recordar, fue objeto de una campaña de descalificación por parte de ciertos protagonistas a los que no satisfizo esa verdad incontrovertible.
Quienes así criticaban se habían auto erigido en la exégesis única de todo cuanto acontecía. Hicieron escarnio de la institución del Ministerio Público Federal. Son ciertos grupos que se creen poseedores de la verdad absoluta, y ante los que todos debemos permancer callados.
Sin embargo, es un deber de ser humano tanto condenar la atrocidad, como señalar el infundio y la manipulación.
Son muchas las aristas del caso Acteal, pero la principal y tal vez la más importante, es la división fatal de las comunidades indígenas en el municipio de Chenalhó. Se podría comenzar tal vez por analizar los primeros conflictos que provocaron desplazamiento de personas, meses antes de diciembre, en el ejido Puebla, por ejemplo.
Pero antes se habían perpetrado asesinatos de personas que eran respetadas y estimadas en las comunidades del municipio. ¿Quién las mataba? ¿Por orden de quién? Había una especie de toque de queda que impedía caminar con seguridad en la zona. Todo lo anterior fue creando un muy mal estado de ánimo entre quienes se asumían como zapatistas y quienes no simpatizaban con ese movimiento.
En el equilibrio de fuerzas, los no zapatistas vieron la necesidad de armarse e incluso realizar actividades similares a las que venían haciendo los rivales, es decir, montar guardia en las montañas durante toda la madrugada.
Pero las ofensas y los agravios fueron creciendo. El rencor ya no tenía vuelta. Los miembros del grupo que fue masacrado ese 22 de diciembre, tenían cierta afinidad con el grupo insurgente, y así se dio uno de los hechos más condenables que hoy se recuerda.
Sin embargo, así como hay que subrayar que ambos bandos se habían hecho daño, también es necesario hacer hincapié en que ese conflicto fue uno de tipo intracomunitario, con una acotación casi municipal, aunque la insurgencia abarcaba otros municipios en los que también se registraron muchos muertos (alrededor de 100), como en la zona chol, tres años antes.
La única vinculación con la parte institucional que los actores de la masacre habrían tenido, es solamente con algunos elementos de la policía local, y fue así porque jamás hubieran sido atacados por esos actores, pero por los insurgentes sí.
Quienes al referirse a este lamentable suceso hablan de “arriba”, del Estado, del ex presidente Ernesto Zedillo, u obedecen a otros intereses, o son parte de los hechos en cuanto a que tienen responsabilidad en el divisionismo fatal de las comunidades indígenas a base de sembrar el encono en contra de las instituciones y de quienes piensan distinto.
