El pasado 22 de febrero se cumplieron 108 años del infame asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, a manos de los golpistas encabezados por el usurpador Victoriano Huerta. En ese contexto, el 23 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una misiva a la gobernadora de Sonora, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a los gobernadores del resto de las entidades federativas del país, para establecer un acuerdo nacional en favor de la democracia, concretamente, exhortándolos a no intervenir en apoyo de candidaturas de partido político alguno, a no permitir el uso de recursos públicos con fines electorales y, en suma, a cuidar la legalidad de los próximos comicios del 6 de junio.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Baja California, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas ya hicieron pública su decisión de adherirse al acuerdo propuesto por el titular del Ejecutivo federal.
Sin embargo, los mandatarios de Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Durango y Tamaulipas, que conforman el bloque opositor al presidente, en un principio condicionaron su adhesión al acuerdo por la democracia a que las y los servidores de la nación dejen de participar en las brigadas que implementan la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, así como a que el documento sea firmado bajo la autoridad del Instituto Nacional Electoral.
Además, manifestaron su absoluto respaldo al gobernador de Tamaulipas, con excepción de los gobernantes de Jalisco y Chihuahua, que tomaron distancia del particular.
Cabe recordar que el gobernador de Tamaulipas enfrenta acusaciones ante la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada.
Al final suman ya 25 gobernadores y la jefa de gobierno, quienes han aceptado este Acuerdo Nacional que busca un proceso electoral más equitativo, donde los mandatarios estatales se comprometen a no intervenir, ni apoyar con recursos públicos a candidato alguno, entre otros puntos.
En estos tiempos de crisis, las y los servidores públicos tienen la obligación de colaborar incondicionalmente en favor del bienestar popular, de la defensa de la democracia y del pacto federal, anteponiendo el interés público a los intereses políticos, partidistas y electorales. En palabras del Apóstol de la Democracia: el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional.
