El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, dijo que las acusaciones en su contra por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche carecen de sustento, por lo que vaticinó que el juicio de desafuero que se pretende iniciar en la Cámara de Diputados carece de sustento.
“Esto es absurdo. Están usando técnicas de amago y extorsión propias de la Inquisición. Amenazan a terceros para fabricar declaraciones a modo y así querer involucrarme en su perversa agenda política”, denunció en una carta a la opinión pública.
Recordó que dicha fiscalía en una “me abrió varias indagatorias desde 2022. Me han acusado de los más diversos delitos fabricados por ellos mismos. En una carpeta me acusaron de peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y hasta defraudación fiscal”.
“En otra carpeta me acusaron de enriquecimiento ilícito. Incluso iniciaron un proceso de extinción de dominio hace dos años, justo para estas fechas. Abrieron procedimientos administrativos e incluso iniciaron un proceso de desafuero”.
Expuso que se había mantenido al margen de comentar los detalles de su defensa, “pero hoy, con toda certeza, les puedo decir que he ganado todas las batallas jurídicas”.
Recordó que un Juez Federal le ordenó al Diputado Hugo Eric Flores, Presidente de la Sección Instructora, cerrar el expediente abierto en la Sección Instructora a petición de la Fiscalía de Campeche, y le ha ordenado notificarlo a las autoridades y notificármelo a mí.
“En segundo término, que las acusaciones que me inició el Estado de Campeche desde 2022 han quedado sin sustento.
“Un Tribunal Colegiado de Circuito le ordenó a la Fiscalía de Campeche decretar el No Ejercicio de la Acción Penal, en virtud de que todo mi patrimonio es lícito y adquirido con anterioridad a asumir el cargo de Gobernador. No lo digo yo, lo dice la autoridad judicial. Con esto se caen todas las mentiras difundidas por el Gobierno del Estado de Campeche”.
“Alito” dijo que es falso que el proceso de desafuero se hubiera detenido por un amparo. El efecto del amparo fue justamente decir que no había pruebas de actuaciones ilícitas y, por tanto, no era procedente dicha solicitud.
