“Es una muerte lenta”, expresa Lizbeth Alejandra Salmerón Estrada, quien vive con miedo desde el 15 de mayo de 2017. Su hija, de 14 años, le contó que su padrastro, Javier Daniel González Ramírez, quien fue regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, abusó sexualmente de ella desde los seis años de edad.
Dos días después, Lizbeth Alejandra acudió junto con su hija a presentar su denuncia; jamás pensó que viviría un “verdadero viacrucis” que aún no termina.
Alejandra Salmerón presentó la denuncia con su hija, sin abogados; pensaba que bastaba con ir a la Fiscalía de Oaxaca, decir la verdad y que las autoridades se encargarían de investigar y castigar a su expareja, pero pasaron los años y su caso sigue estancado y sin justicia.
En 2019, Daniel González asumió el cargo de regidor de Obras Públicas en San Jacinto Amilpas, función pública que asumió al ser parte de la planilla del partido Morena en las elecciones de 2018.
En abril del mismo año, casi tres años después, Alejandra logró que se liberara la orden de aprehensión en contra de Daniel González, pero su caso fue usado con fines políticos, tras la filtración desde la Fiscalía General del Estado (FGEO) de la carpeta de investigación.
Con apenas unos días en el poder, el cabildo de San Jacinto Amilpas se dividió en dos bandos: uno afín a la presidenta municipal Yolanda Santos, del que también forma parte Daniel González; y en otro, un grupo de concejales que se opone a la edil.
Personas afines a este segundo grupo, entre ellas una mujer identificada como licenciada Mónica, buscó a Lizbeth para ofrecerle ayuda.
No obstante, al ver un fin político en el ofrecimiento, la madre de la víctima se negó. A los pocos días, el expediente y su fotografía fueron difundidos en redes sociales y en algunos medios informativos locales.
La agente del Ministerio Público de la FGEO, Gladys López Robles, fue la encargada de la investigación, pero nunca permitió a la madre de la víctima conocer los avances de esta; su respuesta era que la dejara hacer su trabajo y que no interviniera.
En la audiencia, tras sacar de la sala a la abogada, el juez del Poder Judicial de Oaxaca, Javier López, dejó en libertad a Daniel González con el pago de una fianza de 30 mil pesos.
Además reclasificó el delito de violencia sexual agravada a estupro, es decir, determinó que la menor tuvo relaciones sexuales consensuadas con su padrastro.
Aunque después de cuatro años el caso pareciera que presenta avances, sigue estancado. El Poder Judicial del Estado ha cancelado cuatro veces la audiencia para continuar con el proceso. Para la madre de la víctima, hay colusión entre las autoridades y el imputado.
