Durante 13 años, un hombre ha llevado un juicio por una propiedad en contra del exdiputado y exfuncionario del gobierno de Veracruz, Édgar Spinoso Carrera, actualmente señalado del presunto delito de privación ilegal de la libertad.
La compra de una propiedad en una subasta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje provocó que Julio Castro y su padre del mismo nombre enfrenten un juicio donde -acusó-- han sufrido agresiones físicas, denuncias penales y protección oficial a favor del exservidor público.
“Solicitamos al gobernador y al fiscal que actúen conforme a derecho, ya que han transcurrido más de trece años sin que se procure justicia”, demandó el abogado de los afectados, Adolfo García Méndez.
Se trata de un predio de 25 mil metros cuadrados, donde el exdiputado y exoficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, edificó el fraccionamiento Reina Sofía con más de cien viviendas.
Spinoso Carrera fue señalado en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares de haber participado en diversos desvíos de recursos públicos, por lo cual pactó la devolución de diversos bienes.
En el presente año, el político ha enfrentado dos escándalos. El primero de ellos cuando amenazó de muerte a un empleado de una constructora que ingresó a unos terrenos expropiados de su rancho para la construcción de una carretera.
Y el segundo al ser videograbado portando arma de fuego privando de la libertad, junto con su hermano y sobrino, a otro empleado de una empresa.
“Un tribunal federal ordenó la restitución del predio y es algo que no ha ocurrido”, lamentó el litigante.
En diversas cartas públicas publicadas en medios de comunicación, se señala al gobierno de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa de haber protegido a Spinoso Carrera.
Expuso que las 118 familias del fraccionamiento han sido engañadas por los hermanos Spinoso Carrera, ya que dichas viviendas están en un terreno que aún está en litigio y pueden ser desalojadas en cualquier momento por orden judicial.
La víctima, José Julio Castro padre, lamentó que lleve trece años de desgaste en una pelea contra un servidor público violento y protegido por las autoridades estatales.
