La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE Quintana Roo) incurrió en dilaciones y omisiones para investigar y esclarecer los homicidios de dos periodistas en esa entidad, ocurridos en julio de 2018 y mayo de 2019.

“Esta es una de las razones más sensibles que contribuyen a agravar esta problemática (sic) que afecta el ejercicio de la comunicación”, señaló el organismo, que emitió una recomendación a la fiscalía quintanarroense.

En un comunicado, precisó que a partir del análisis de información publicada en medios de comunicación, inició de oficio expedientes de queja para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos en el homicidio de dos personas trabajadoras de medios de comunicación en esa entidad federativa.

En el primer caso, el 24 de julio de 2018, Rubén Pat Cahuich, el director del medio Playa News perdió la vida a causa de lesiones provocadas por disparos de arma de fuego cometidas por un hombre desconocido. Mientras que, en el segundo, el Francisco Romero Díaz, colaborador del medio Quintana Roo Hoy también fue ultimado con disparos de arma de fuego en esa entidad.

En lo que corresponde al primer asunto, la CNDH encontró que el Informe Policial Homologado que se elaboró el día de los hechos registró “una mancha roja a un costado del vehículo” en el que viajaba la víctima, por lo que se tomó una muestra con hisopos para su fijación.

Sin embargo, no existe constancia que acredite el ingreso de dicha prueba a la Bodega de Indicios de la Fiscalía estatal y se desconoce su paradero, además de que no se interrogó a un testigo de los hechos sobre la presunta relación de la víctima con una persona que fue señalada como responsable del crimen.

La esposa de la víctima señaló que ésta había perdido su teléfono celular antes de su fallecimiento; no obstante, las autoridades de investigación omitieron corroborar e investigar la presunta utilización de ese aparato por una tercera persona relacionada con el periodista, pues la línea seguía operando por medio de servicios de mensajería instantánea.

También las autoridades de la FGE en ningún momento solicitaron la colaboración de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República (FGR).