Organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), exigieron verdad completa, justicia pronta e imparcial, reparación integral y el reconocimiento de todas las personas afectadas, al cumplirse tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración (INM), donde fallecieron 40 personas y sobrevivieron 42, sin que al momento haya sentencias firmes ni garantías de no repetición.
Las organizaciones señalaron que, a pesar de la magnitud del caso, continúan abiertos procesos penales sin sentencias firmes contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otros involucrados, lo que refleja, acusaron, una falta de justicia efectiva para las 82 víctimas.
Víctimas sin reconocer
Asimismo, advirtieron que el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido parcial, mientras que 15 mujeres sobrevivientes aún no han sido reconocidas formalmente como víctimas, lo que limita su acceso a medidas de reparación.
Recordaron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado al momento del incendio, por lo que existe una responsabilidad directa e irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia.
Las organizaciones insistieron en que el hecho no puede entenderse como un evento aislado, sino como consecuencia de una política migratoria basada en la detención, la criminalización y la contención que, señalaron, propicia violaciones graves a derechos humanos.
Aunque reconocieron algunos avances, como la disculpa pública ordenada por un juez como parte de la suspensión condicional del proceso para el imputado de mayor rango, consideraron que estas medidas son insuficientes frente a la dimensión del daño.
“No fue solo un incendio, fue el resultado de omisiones, negligencia y una política migratoria fallida”, enfatizaron las familias y organizaciones acompañantes.
Ante ello, reiteraron sus principales demandas: el esclarecimiento total de los hechos, justicia para todas las víctimas, reparación integral con enfoque de derechos humanos y el reconocimiento pleno de todas las personas afectadas, como condición indispensable para evitar la repetición de una tragedia similar.
