Termina la era de la Corte neoliberal, la que se apartó de la tradición constitucional mexicana que defendía los derechos de las y los trabajadores, la propiedad ejidal y comunal en el campo, el interés público y social, la propiedad de la nación, la rectoría económica del Estado.
Se va la Corte que legalizó la supresión de derechos sociales que se vivió en las últimas décadas y la entrega de los recursos públicos a particulares y extranjeros.
La era neoliberal se ha identificado entre los últimos años del sexenio de Miguel de la Madrid, a finales de los 80, hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, que acabó en 2018.
Se sabe que las llamadas reformas estructurales de la economía neoliberal estuvieron concentradas en la supresión de las competencias económicas de las instituciones del Estado, particularmente la extracción y procesamiento de materias primas provenientes de la agricultura, la minería, la electricidad, el petróleo y sus derivados, así como la distribución de bienes y servicios públicos, para favorecer el libre mercado.
Sin embargo, al mismo tiempo que las reformas económicas, el neoliberalismo impulsó una amplia reforma política, administrativa y judicial, que facilitara la privatización económica, la libre competencia y la globalización.
La reforma del Estado neoliberal, incluso, fue más rápida que la económica porque identificó algunos de sus fines con viejas demandas de la sociedad mexicana, que llevaba décadas combatiendo el autoritarismo y el régimen de partido único. Democratización, pluralidad en la representación política y, en general, distribución del poder político parecían signos positivos en medio de rapacidad de las políticas económicas.
Paralelamente, la descentralización municipal, la corresponsabilidad de ejercicio de políticas públicas con instituciones de la sociedad civil, la llamada gobernanza (traslado del mando directo de entes públicos a los sectores económicos), creación de organismos autónomos, etcétera, se iba identificando con objetivos democratizadores, aunque era cada vez más evidente que consolidaba el modelo elitista de control político al servicio de la concentración económica.
En ese contexto, Ernesto Zedillo impulsa una poderosa reforma judicial que incluía la transformación de la Suprema Corte en tribunal constitucional por medio de la creación de las figuras de controversia constitucional (que en realidad ya existía, pero de manera desestructurada) y la acción de constitucionalidad. El primero, como juicio de invasión de competencias entre instituciones del Estado, y el segundo, como juicio contra la constitucionalidad de leyes locales y federales.
A partir de allí, la Corte mexicana tendría la posibilidad de declarar inconstitucionales leyes que contravinieran el texto constitucional, facultad que fue clave para garantizar el avance y consolidación de cada una de las “reformas estructurales” de carácter neoliberal: privatización del ejido, de la minería, del petróleo y sus derivados, de la electricidad.
Esa misma reforma en el sistema de justicia, de 1994, fue la que garantizó una fuerte homologación penal con el sistema estadounidense, para facilitar tanto las políticas económicas de la región de América del Norte como de una política común en materia de seguridad.
La salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación creada en 1995 con motivo de la reforma publicada el año anterior es el mayor signo del fin de una época, la peor época, de la mayor devastación económica, social y, por supuesto, judicial, que ha vivido el país. Enhorabuena.
