La iniciativa de ley para eliminar el outsourcing (subcontratación) adiciona una rigidez excesiva a la contratación en México y añade pagos exorbitantes de reparto de utilidades que comprometen seriamente los planes de inversión y reinversión de las empresas establecidas en México, aseguró Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).
Expectativas
Empresas que producen el 10 % del PIB nacional, ven con preocupación que las cargas impositivas para las empresas establecidas en nuestro país, que incluyen el IVA, el ISR, el impuesto de nómina, IMSS e Infonavit, así como el ocho por ciento adicional como contribución obligatoria patronal a los trabajadores, que se empezará a pagar en 2023, ya implican un importante reto.
Las empresas globales establecidas en México generan 500 mil empleos directos y 1.5 millones de indirectos; esta nueva normatividad pone en riesgo las inversiones, ya que existen factores inhibidores, explicó Jañez, durante el foro en donde se analizaron las propuestas de los sectores privado, social y académico con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
