Para el Frente Amplio Democrático, reducir el presupuesto del INE bajo el argumento de “abaratar las elecciones” no puede traducirse en debilitar al árbitro electoral, limitar sus capacidades operativas ni mermar los sistemas de vigilancia.
En un comunicado, señaló que la experiencia reciente demuestra que elecciones organizadas con menos recursos y menor control erosionan la confianza ciudadana.
“Reducir el financiamiento a los partidos sin corregir las asimetrías existentes afecta la equidad democrática. Morena no compite hoy en igualdad de condiciones: cuenta con el control del aparato gubernamental y con estructuras financiadas desde el poder. En este contexto, reducir recursos no equilibra la competencia; la distorsiona”, señaló el comunicado.
Afirmó que el debate sobre la reforma electoral no se limita a los legisladores de representación proporcional.
Precisó que las declaraciones presidenciales han anticipado objetivos que obligan a una discusión de fondo: la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE); el método de designación de consejeras y consejeros electorales; la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el futuro de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples); el financiamiento público a los partidos políticos; la utilización de recursos públicos y de personal gubernamental con fines partidistas; así como la presumible penetración de recursos de origen ilícito en los procesos electorales, lo que vuelve indispensable reforzar los mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas para proteger la legalidad y la equidad en la competencia.
Sostuvo que, si bien la representación proporcional al voto ciudadano es de enorme trascendencia para el pluralismo democrático, la reforma no se reduce a ese punto. Resulta preocupante la subrepresentación y la sobrerrepresentación que hoy distorsionan la voluntad popular y que han permitido que una fuerza política concentre un poder que no corresponde al respaldo real obtenido en las urnas.
Indicó que la eventual elección popular de autoridades electorales, así como el debilitamiento o desaparición de los Oples, abriría la puerta a su captura política, con efectos especialmente graves en regiones donde la presión criminal es elevada.
