La cacería de policías municipales comenzó en junio de 2009, en tres meses ya sumaban 150 detenidos, acusados de proteger a grupos criminales. Las pruebas nunca fueron contundentes y la mayoría salió cinco años después; sin embargo, no han podido rehacer su vida.
“El gobierno del presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, nos marcaron y queremos que se limpie nuestro nombre”, coinciden tres de ellos, quienes decidieron dar su testimonio y, aunque se identificaron, pidieron que no se publicara su verdadero nombre.
Señalaron que en los últimos meses, alrededor de 60 exagentes buscaron apoyo en los diputados locales de Morena, encabezados por el coordinador de la bancada, Ricardo Baptista, para que les sea resarcido el daño; “pedimos una indemnización y que se limpie nuestro nombre al borrar del sistema los antecedentes penales”.
El anterior alcalde Eleazar García (2012-2016) les ofreció 24 mil pesos como apoyo para que empezaran de nuevo, pero “en las letras chiquitas se escondía la traición: firmamos un finiquito sin derecho a pelear.
Por ello buscamos justicia, pues mientras no la tengamos, no vamos a poder cerrar ese capítulo de nuestra vida”, señalan los entrevistados.
Los diputados se comprometieron a acercarlos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas; sin embargo, no les han dado fecha.
