El pleno de la Cámara de Diputados aprobó endurecer las penas contra quienes cometan el delito de abuso sexual de un menor de 15 años o contra una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho.
El dictamen, que modifica el artículo 261 del Código Penal Federal, se avaló por mayoría de 447 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones.
Establece que en el caso de abuso sexual contra un menor de 15 años, o contra una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, la pena “se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo”.
Las penas actuales por ese delito van de seis a 13 años de cárcel, pero con la variante se podrían alcanzar hasta 19 años y seis meses de prisión.
Al presentar la propuesta, la diputada del PAN, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, sostuvo que el abuso sexual infantil es un delito que genera un sin número de efectos en toda la sociedad, y precisó que en los últimos cinco años ese delito aumentó en un 87 %.
Cárcel por inducir a fumar a un menor
Por otra parte, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para considerar como delito a quien induzca, obligue o facilite el consumo de tabaco a menores de edad. La propuesta se aprobó por mayoría de 455 votos a favor y 21 abstenciones.
Se establece que quien incurra en este flagelo cometerá corrupción de menores, delito que se castiga con penas de cinco a 10 años de prisión y multas de 500 a mil días de salario mínimo.
La propuesta fue turnada al Senado para su discusión y, en su caso, votación y aprobación.
Que consejeros no participen en plenarias de partidos
La bancada de Morena en San Lázaro presentó una iniciativa en la que se establece la prohibición expresa a quien ocupe la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a los consejeros, de participar en reuniones o plenarias de algún partido político.
La propuesta de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, que se publicó este miércoles en la Gaceta Parlamentaria, sostiene que el objetivo es “garantizar la autonomía e independencia de los consejeros del INE”.
