Con el objetivo de fortalecer la protección a periodistas y dar respuesta a las manifestaciones de protesta del gremio, las bancadas del PAN, PRD y MC en la Cámara de Diputados impulsan iniciativas para crear, de nuevo, un sistema de protección para los comunicadores, recuperar el fideicomiso que desapareció, así como castigar con prisión a quien vulnere datos personales de los informadores.
Primero, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), a cargo de Jorge Romero, presentó una iniciativa en la que propone modificar diversas disposiciones del Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El blanquiazul busca castigar, con uno a cinco años de prisión y una multa de 50 a 500 días de salario mínimo, así como la suspensión de profesión de dos meses a un año, a quien revele datos personales de comunicadores de carácter industrial o bancario.
Asimismo, los panistas buscan imponer de 50 a 300 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y la reparación integral del daño “al que, sin justa causa o fuera del ejercicio del derecho a la información o del derecho a la libertad de expresión, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”.
PRD
Asimismo, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, que encabeza Luis Espinosa Cházaro, promoverá una reforma constitucional para la creación del Sistema Nacional para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que sustituiría al protocolo actual.
“Es claro que el protocolo de acción actual no funciona, por eso estamos pensando en elevar a rango constitucional la protección a periodistas.
“Ya se convirtieron los periodistas en un grupo vulnerable, vulnerado desde el Estado, vulnerado desde la delincuencia organizada, vulnerada desde todos los sectores”.
MC
Otra de las propuestas surgió desde la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), a cargo de Jorge Álvarez Máynez.
Su propuesta busca reformar el artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de establecer que las personas servidoras públicas “se abstendrán de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar información en su poder, que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a las personas defensoras de derechos humanos, así como periodistas”.
En la exposición de motivos, el grupo político sostiene que, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, “quedó en evidencia el uso faccioso de las instituciones, así como el abuso de autoridad por parte del presidente de la República, para perseguir a los comunicadores críticos y que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflictos de intereses de sus familiares directos”.
